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Carmela María Rogers Amburn de Monterrey, mejor conocida como Kitty Monterrey, presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, por lo que considera una “violación de sus derechos políticos”, luego de que una comisión de la Asamblea Nacional rechazara su candidatura como magistrada electoral.

“Este recurso de amparo es contra el representante legal de la Asamblea Nacional, René Núñez, ya que es la persona encargada de velar porque no hayan irregularidades en los diferentes procesos, como sucedió en mi caso”, argumentó Monterrey, quien nació en Estados Unidos y se desempeña como directora ejecutiva del Partido Liberal Independiente (PLI).

Indicó que de no avanzar este proceso, elevaría su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El artículo 171 de la Constitución Política, en su numeral 1, establece que para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral se requiere ser nacional de Nicaragua.
Mala interpretación

Agrega que en el caso de quien hubiere adquirido otra nacionalidad, deberá renunciar a ella al menos cuatro años antes de ser electo para el cargo.

En cuanto a lo establecido en el artículo 171 de la Constitución Política, Monterrey comentó que los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “interpretaron a su gusto” la ley.

“Lo que dice la Constitución es que cuando una persona adquiere otra nacionalidad tiene que renunciar a ella. Yo jamás he adquirido otra nacionalidad, yo nací en los Estados Unidos; sin embargo mi mamá es nicaragüense, por lo tanto la Constitución dice que soy nicaragüense”, sostuvo Monterrey.

Casos anteriores

Monterrey recordó que otras personas han tenido doble nacionalidad y han ocupado cargos públicos en años anteriores, por lo que su caso “no es algo nuevo”.   
“Mauricio Montealegre fue magistrado del Consejo Supremo Electoral y actualmente es diputado, tiene  cédula triple ocho, porque es nacido en New York; José Pasos Marciacq fue contralor y también tiene cédula triple ocho, hay muchos casos iguales y solo conmigo fue el impedimento”, concluyó Monterrey.

Al respecto, Eduardo Montealegre, diputado y presidente del PLI, aseguró que la Asamblea Nacional “privó de sus derechos políticos” a Monterrey al no dejarla participar en la elección a magistrada.

“Al parecer, en Nicaragua hay ciudadanos de primera clase y segunda clase, pues unos pueden optar a todo y otros no”, agregó Montealegre.

Seguirán proceso

En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que después de recibir la denuncia de Monterrey se analizó el caso y se dispusieron a brindar acompañamiento total.

“Pueden suceder tres cosas, primero que el tribunal rechace el recurso de amparo; segundo, que nos manden a llenar omisiones; o bien lo admita y pase al sueño de los justos a la Corte Suprema de Justicia”, detalló Núñez.

  • La Constitución Política establece que el Poder Electoral de Nicaragua lo dirigen siete magistrados propietarios y tres suplentes.

Doble nacionalidad

El caso • El pasado 1 de julio la diputada sandinista Alba Palacios, presidenta de la Comisión Especial encargada de analizar los perfiles de los propuestos a ocupar el cargo de magistrado, sostuvo que “Kitty Monterrey no cumple con los requisitos al cargo porque ejerce doble nacionalidad”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, dijo que las personas con doble nacionalidad no pueden optar a cargos públicos porque existiría un conflicto de intereses.

“A la hora de un conflicto entre Nicaragua y la otra nación de ella, ¿a quién va a defender? ¿a Nicaragua o a ese otro país?”, preguntó Castro.

Posteriormente, el pasado 3 de julio la Asamblea Nacional eligió a Judith Silva como nueva magistrada, tras ser propuesta por el presidente Daniel Ortega.

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