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La Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, que se aprobó en lo general el 21 de agosto del año pasado en la Asamblea Nacional y que impone multas de hasta C$100 millones, sigue sin ser ratificada en lo particular.

El diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Boanerges Matus Lazo, aseguró que la ley no ha sido aprobada en lo particular porque el Gobierno y otras instituciones desean introducir recomendaciones para fortalecerla.

“Se ha comparado esta ley con otras existentes en países de toda Latinoamérica para saber los puntos fuertes y cómo fortalecer sus debilidades”, explicó el diputado.
Matus, también vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, espera que sea aprobada en lo particular la ley al final del año.

“Esta ley es muy importante porque existe mucho desconocimiento con los desechos, por ejemplo: ¿Dónde van a parar los desechos médicos y electrónicos? Esta pregunta puede ser contestada cuando se apruebe la ley en lo particular”, aseveró el legislador.

Por su parte, Kamilo Lara, director ejecutivo del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), dijo que esta ley no ha sido discutida en lo particular porque había “algunos problemas en el articulado”.

“Es por eso que un grupo de técnicos está trabajando con el articulado para solucionar estos inconvenientes, a estas alturas ya debería estar en agenda de los diputados para discutir esta ley nuevamente”, señaló Lara.

La ley

La Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos contempla multas severas desde C$100,000 hasta C$100 millones para las personas naturales o jurídicas que acopien, transporten o quemen residuos y desechos sólidos sin la autorización del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Ministerio de Salud, y las alcaldías.

La normativa establece multas por infracciones leves, graves y muy graves. Las leves imponen multas que van de C$100,000 a C$150,000 y entre ellas se encuentran “quemar a cielo abierto residuos sólidos y depositar animales muertos en los cauces”.

Las graves van desde C$150,000 hasta C$1 millón, y entre ellas se encuentra el incinerar o realizar tratamiento de residuos y desechos sólidos peligrosos en contradicción con la ley.

Las muy graves establecen una sanción pecuniaria desde C$1 millón hasta C$100 millones. Entre ellas está el establecer botaderos clandestinos de residuos y desechos sólidos peligrosos.

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