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  • AFP

El Congreso de Guatemala dio este jueves un respiro al presidente Otto Pérez al rechazar levantar su inmunidad para investigarlo ante la justicia por una serie de escándalos de corrupción que han estremecido su gobierno.

El presidente del Congreso, el opositor Luis Rabbé, explicó a periodistas que la decisión deja sin efecto la recomendación de una comisión parlamentaria de levantar la inmunidad de Pérez para someterlo a juicio por los casos de corrupción que han sido revelados desde abril.

La solicitud para levantar la inmunidad obtuvo 88 votos a favor, 26 en contra y 44 ausencias, pero requería de 105 votos sobre el total de 158 legisladores para ser aprobada.

Una comisión investigadora del Congreso había recomendado levantar la inmunidad al mandatario para que pudiera enfrentar a la justicia por los desvíos millonarios de fondos revelados por la Fiscalía y una misión de la ONU contra la impunidad.

Los escándalos provocaron manifestaciones masivas en el país para exigir la renuncia de Pérez, cuyo mandato concluye en enero, y rechazar los actos de corrupción.

 

- Potencial riesgo -

 

La decisión de no investigar al gobernante, quien enfrenta un atribulado cierre de su mandato que termina el 14 de enero, podría ser una señal contraproducente para la clase política, advirtió el analista Luis Linares.

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) dijo a la AFP que la decisión parlamentaria es "una burla al pueblo" y podría generar más inconformidad y rechazo de la población al conjunto de la clase política.

"Los políticos se creen intocables y con licencia para hacer lo que les parezca en función de sus intereses particulares", a pesar de las masivas marchas para exigir castigo por los actos de corrupción, aseveró.

Asimismo, consideró que esa acción "es una prueba más de la componenda" entre el gobernante Partido Patriota y el opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), favorito para ganar las elecciones del próximo 6 de setiembre, que impulsa a la presidencia al populista Manuel Baldizón.

"Es lamentable que no hayan dado curso al antejuicio para separar del cargo al presidente porque era un castigo y un ejemplo para los futuros gobernantes de caer en una situación de corrupción descarada y sistemática", afirmó Linares.

En contra parte, el portavoz presidencial, Jorge Ortega, comentó a periodistas que el gobierno respeta la decisión del legislativo y que la "resolución permite acelerar la agenda para el proceso de transición y así finalizar nuestra administración sin ningún incidente".

"Es una decisión que favorece a los guatemaltecos y a la nación por el respeto a los procesos legales", puntualizó.

 

- Proceso sirvió de poco -

 

La denuncia contra Pérez fue interpuesta en mayo por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien acusa al presidente de incurrir en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Según la acusación, Pérez tendría responsabilidad directa en los fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno y que desde abril pasado han mantenido al país en una crisis institucional.

Después de avanzar la solicitud en la Corte Suprema de Justicia, el Congreso instaló una comisión legislativa el pasado 12 de junio para analizar la denuncia y luego recomendó quitar la inmunidad al mandatario.

Sin embargo, con la decisión de los legisladores de no retirar la inmunidad a Pérez el expediente se archivará y solo podrá reactivarse si hay consenso entre los bloques legislativos.

La turbulencia política comenzó 16 de abril cuando se reveló la existencia de una red de defraudación en las aduanas dirigida por el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en medio de las protestas masivas.

Un nuevo caso sacudió al país en mayo con el arresto de los presidentes del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado a Pérez, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.

Pese a los escándalos, el mandatario se niega a renunciar y afirma que entregará el cargo el próximo 14 de enero a quien resulte electo en los comicios de setiembre, u octubre si hay segunda vuelta.

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