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Nicaragua insistió ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Colombia ha rechazado las delimitaciones establecidas por el alto tribunal de la ONU en 2012 en el mar Caribe y que para Managua la sentencia “no es negociable”.

El agente y embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, cerró las audiencias orales ante la CIJ en el litigio marítimo que enfrenta a Colombia y Nicaragua, por las supuestas violaciones por parte de Bogotá, de los límites en el Caribe, redefinidos por parte del alto tribunal de la ONU el 19 de noviembre de 2012.

En su intervención, Argüello dijo que “Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas” y pidió a la Corte que “rechace las objeciones de Colombia”.

“Cuestión de esperar”

En Managua, el canciller de la República, Samuel Santos, sostuvo también que los representantes de Nicaragua ante la CIJ han hecho todos los esfuerzos posibles para presentar alegatos contundentes.

“Tenemos la razón de nuestra parte. Es cuestión de esperar que la CIJ dicte su fallo, (y) hay que tener paciencia”, afirmó el canciller. 

También el exvicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, estimó que los alegatos que Colombia ha presentado ante la CIJ contra Nicaragua “son los alegatos del desesperado”.

“Ellos están en su derecho de tratar de defenderse. Sin embargo ante la contundencia de los alegatos de Nicaragua, es muy difícil que esto prospere”, concluyó Morales.

Reclama claridad

Frente a la afirmación de Colombia de que “Nicaragua no está decidida a negociar”, Argüello señaló en La Haya que “en todas las declaraciones del presidente Daniel Ortega” se ha dejado claro que el país “está decidido a firmar un tratado” que cierre los diferendos entre ambos países en este caso.

No obstante, aclaró que “Nicaragua nunca ha estado de acuerdo en negociar la sentencia de la Corte” de 2012, a través de la que quedan marcadas las delimitaciones marítimas.

En contra de las argumentaciones de Colombia, que sostiene que no existía disputa previa a la demanda de Nicaragua ante la CIJ, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, Vaughan Lowe, destacó que ambas partes reconocían “la existencia de una disputa”, haciendo referencia a encuentros entre Ortega y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos.

Además, Lowe insistió en que Nicaragua “reclama” que Colombia “acepte sus responsabilidades” y asuma la sentencia de la Corte.

Colombia alega errores en argumentos de Nicaragua

Bogotá•EFE/

La defensa de Colombia ante la Corte Penal Internacional de Justicia (CIJ) considera que los argumentos de Nicaragua, en el litigio por supuestas violaciones de los límites en el mar Caribe, contienen errores.

“Los argumentos presentados por Nicaragua, al finalizar las audiencias preliminares por la demanda sobre el supuesto incumplimiento de Colombia del fallo de 2012, contienen errores, contradicciones y descontextualizaciones”, señaló un comunicado de la Cancillería colombiana.

La CIJ emitió una sentencia el 19 de noviembre de 2012, que restableció a Nicaragua una porción de mar al este del meridiano 82 que, según Bogotá, es de 75,000 kilómetros, mientras que Managua considera que son 90,000.

El 26 de noviembre de 2013, Nicaragua demandó a Colombia ante el alto tribunal de la ONU por considerar que el país suramericano incumple la sentencia de 2012 del alto tribunal.

El gobierno colombiano afirma que la aspiración de Nicaragua, de que la CIJ asuma la competencia para dirimir sobre el supuesto incumplimiento, “es una pretensión sin fundamento en el derecho internacional, la Corte de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte”.

Según Colombia, Nicaragua “busca atribuirle a este tribunal funciones que le corresponden a otras instancias en el ámbito internacional” en una “interpretación errónea del Pacto de Bogotá”, que declara la jurisdicción de la CIJ en este caso, para consolidar su aspiración.

Colombia basa su defensa en el artículo 56 de Pacto de Bogotá, mediante el cual denunció el tratado el 27 de noviembre de 2012 ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y con lo que subrayó, en su opinión, que la Corte no tiene jurisdicción con los procedimientos en relación con el caso denunciado por Nicaragua.

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