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Los casos de órdenes de libertad incumplidas por las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) son pocas, según el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, quien a pesar de reconocer que no tiene información general sobre el caso, sostiene que solo poseen algunos casos “particulares que facilitaron autoridades del ministro de Gobernación”.

“Nosotros nos decepcionamos con los casos existentes de personas que tienen cartas de libertad  y no se cumplen. Sin embargo, estos registros son mínimos y no son grandes cantidades como algunos organismos quieren hacerlo ver”, afirmó Cabezas.

Por el contrario, el procurador estimó que “si fuera una decisión de las autoridades penitenciarias, estarían sacando gente para aliviar el hacinamiento”.

Celebra esfuerzos

Recientemente, durante el trigésimo sexto aniversario del Ministerio de Gobernación, la titular de esta cartera, Ana Isabel Morales, y el Presidente de la República, Daniel Ortega, se refirieron a la necesidad de construir nuevos sistemas penitenciarios en diferentes puntos del país.

Cabezas aseguró sentirse satisfecho con las declaraciones, que calificó como un esfuerzo para reducir el hacinamiento.

“Esperamos que continúen estos esfuerzos para aliviar el hacinamiento (…) nosotros saludamos todos los esfuerzos que se hagan para defender los derechos humanos de los privados de libertad”, señaló Cabezas.

Comité revisa

En meses pasados, organismos de defensa de los derechos humanos reclamaron que tras una inspección autorizada a varias cárceles del país, conocieron algunas órdenes de libertad emitidas a personas que siguen presas.

Sin embargo, en el momento se indicó que estas no se habían cumplido porque existe un comité que se encarga de revisar las mismas, tal como reconoció el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

“El Chipote” ¿en museo?

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, asegura que si estuviera en sus manos, él cerraría las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “El Chipote”.

“Yo lo cerraría porque es un desperdicio ocupar ese lugar, que es parte de la memoria terrible de nuestro país como un centro de detención. Yo lo convertiría en un museo, para que las nuevas generaciones vean el lugar que sirvió como una terrible prisión”, añadió Cabezas.

“Espero que el presidente Ortega en cuanto agarre unos ‘rialitos’ lo haga”, externó.

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