Matilde Córdoba
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El vicepresidente Omar Halleslevens defendió el anteproyecto de Ley de Seguridad Soberana, presentado recientemente por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, argumentando que viene a fortalecer la legislación de cara a “una serie de delitos que son de actualidad”.

Está previsto que esta iniciativa de ley sea discutida hoy en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento.

Al término de la inauguración de la Semana de la Ciencia, organizada por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), Halleslevens expresó que dicha iniciativa de ley “recoge varios aspectos” que las leyes orgánicas de la Policía y el Ejército no incluyen.

“Ya existía una ley en Nicaragua desde 2010, es la ley que se conoce como de Seguridad Democrática y lo que está haciendo la Ley de Seguridad Soberana es agregar unos temas que en aquella ley no existían, agregar cuatro aspectos que en la ley de 2010 no existían”, dijo el vicemandatario.

Según Halleslevens, los aspectos que incluye el anteproyecto de ley de 21 artículos son “la existencia de las maras, que hoy por hoy son una realidad en el Triángulo del Norte y tiene que estar regulado en ley el enfrentamiento a las mismas”; el delito cibernético; “y recoge lo que tiene que ver con Sinapred y una serie de organismos que cooperan y participan en el enfrentamiento de los eventos que a veces se producen, como terremotos, huracanes”.

“FORTALECE”

“Estos son proyectos de leyes que de aprobarse, vienen a fortalecer (la lucha contra) una serie de delitos que son de actualidad”, indicó.

El anteproyecto ha sido criticado por políticos de oposición, quienes arguyen que con esta ley se criminaliza la protesta.

El artículo ocho del anteproyecto de ley establece cuales son las amenazas a la seguridad nacional. En el inciso uno, se indica que es una amenaza “cualquier acto ilegal que atente contra el estado nicaragüense y sus instituciones”.

En el inciso cuatro se dice que amenaza también es “el ingreso y expansión de las organizaciones criminales de pandillas o maras” y en el seis que los “actos tendientes a consumar genocidio, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense, de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua”.

Asimismo, amenaza a la seguridad nacional son los “actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

 

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