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Una mejor definición de varios conceptos (conflictos, riesgos y amenazas), así como garantizar un equilibrio entre los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos, fueron ayer parte de las observaciones plasmadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) durante el segundo día de consultas a la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana.

“En particular, lo que nos interesa es que cualquier definición que esté planteada aquí no deje margen a la discrecionalidad. ¿Por qué?

Porque si ya la definición comienza a insinuar discrecionalidad, entonces la aplicación se distorsiona totalmente. En este sentido, tenemos algunas observaciones concretas a la definición de riesgo y amenaza”, manifestó Freddy Blandón, asesor legal del Cosep.

Blandón agregó que aunque en la iniciativa de ley se hace una diferencia bastante solvente sobre lo que se considera riesgo y amenazas, existen algunas consideraciones particulares que podrían dar pie a malinterpretaciones. Por tanto piden que “riesgos y amenazas”, así como “actos y acciones ilegales” queden claramente definidos.

AGREGAR PROHIBICIÓN

De igual manera, el representante de la cúpula privada señaló que entre las observaciones que harán llegar por escrito a las comisiones de Justicia y Asuntos Jurídicos, y Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, habrá una solicitud para que se agregue un artículo que impida abusos de autoridad por parte de servidores públicos.

La cúpula empresarial informó que solicitarán por escrito a los diputados que se agregue en la ley un artículo que impida abusos de autoridad por parte de servidores públicos.

Otro aspecto señalado por el Cosep fue externado por su presidente, José Adán Aguerri, quien durante su habitual comparecencia semanal destacó que esta organización hace ver que los “procesos de sufragio universal deben ser libres, secretos y transparentes”, porque el anteproyecto solo dice “garantizar la existencia de gobiernos electos por sufragio universal directo, libre y secreto”, dijo.

Por su parte, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que participaron en esta consulta apoyan el contenido de la ley, pero añadieron que como parte de los aspectos a tomar en cuenta en esta iniciativa de ley estaría la incorporación del ciberdelito como un factor de riesgo para la seguridad nacional.

Consideramos que esta iniciativa de ley constituye una adecuación a las reformas constitucionales del 2014”, manifestó Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ.

En tanto el magistrado Rafael Solís ratificó que la iniciativa es respetuosa de la Constitución y garantiza los derechos de la ciudadanía.

 

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