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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos, dijo que la creación de un colegio de abogados “no sería de utilidad”, además “sería inconstitucional”, ya que las facultades de regulación que tendría el colegio solo pueden ser implementadas por el Poder Judicial.

“Los colegios de abogados son algo más que una asociación, tienen un carácter gremial, de apoyo mutuo, en alguna parte autorizan la función notarial, autorizan el ejercicio de la profesión, algo que le corresponde a la CSJ, tendría que reformarse la Constitución para que se pueda dar esto”, explicó la magistrada.

Señaló que de crearse un colegio de abogados “los profesionales tendrían que autorregularse”, algo que para la magistrada “es bastante difícil”.

“Nosotros tenemos montones de quejas de abogados y notarios que han cometido irregularidades serias”, indicó Ramos.

“Es un poco riesgoso crear un colegio de abogados con esas funciones, sobre todo en un país que hay inmensas cantidades de abogados, es muy difícil que ellos se autorregulen y autodisciplinen”, concluyó la magistrada.

La iniciativa

El pasado 21 de octubre, el diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Alberto Lacayo, presentó ante el plenario la Ley Creadora del Colegio de Abogados de Nicaragua, la que fue enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Legislativos.

Estamos muy prudentes en la aprobación de colegios, porque la CSJ los puede declarar inconsti-tucionales”. Edwin Castro, coordinador de la bancada del FSLN.

La iniciativa tiene el objetivo de regular el ejercicio de la profesión procurando mejores oportunidades de trabajo para este gremio, mayor capacitación, calidad profesional en la prestación de servicios y una aptitud moral y ética en beneficio y protección al usuario. 

Añade que se ordenaría, normarían, regularía y supervisaría la ética en el ejercicio profesional de la abogacía.

Además la iniciativa señala que se supervisaría la calidad profesional, la ética, la dignidad del abogado y que se respeten y garanticen los derechos de los usuarios, con la prestación de un servicio en condiciones de eficiencia, calidad y sujeción a la responsabilidad de la aplicación de las leyes de la República.

Los que la defienden

Según el diputado Alberto Lacayo, la iniciativa pondría orden en el sector de abogados porque actualmente “hay gente que no ejerce la labor honorablemente”.

“Ese gremio esta descuidado, creo que estaría bien ordenarlo, creo que la iniciativa no es mala, pues organizaría a los gremios”, destacó el legislador.

Por su parte, el coordinador de la bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, declaró que los diputados “estamos muy prudentes en la aprobación de colegios” porque la CSJ los puede declarar inconstitucionales”.

“Esta iniciativa está en comisión, todavía no tenemos programada la fecha de discusión”, finalizó el diputado, quien también es vicepresidente de la Comisión de Justicia del parlamento. Anualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autoriza de 1,000 a 1,500 licenciados en Derecho para ejercer como abogados, que egresan de las 35 universidades públicas y privadas que ofrecen esta carrera.

De esas 35 universidades, cinco son estatales o subvencionadas, según datos oficiales del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que registra a las 57 alma máter existentes en el país.

En el período 2011-2014 de las cinco universidades que reciben el 6% del presupuesto, egresaron un promedio de 665 abogados anualmente.

Aproximadamente 25 mil abogados están autorizados en el país por la CSJ.

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