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El presidente boliviano Evo Morales desafió al Tribunal Electoral a sancionarlo por transgredir la prohibición de hacer campaña a favor de la reforma constitucional que le permitiría ir a una nueva reelección al concluir su mandato en 2020.

"Vamos a ganar ampliamente con el Sí, eso no está en debate. Mi gran deseo es que tenemos que batir nuestro récord, por eso estamos haciendo campaña. Ya tenemos ganado (el referendo), pero llegar al 70% sería otro récord histórico", señaló el mandatario en un acto público en la localidad de Yacuiba (sur).

Aunque el Tribunal Supremo Electoral me castigue, no importa". Evo Morales, presidente de Bolivia.

"Ninguna servidora o servidor público podrá realizar campaña o propaganda electoral en actos de gestión pública o utilizando recursos públicos", reza el artículo 40 del Reglamento para campaña y propaganda electoral en referendo, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral en noviembre pasado.

"Aunque el Tribunal Supremo Electoral me castigue, no importa", espetó Morales.

Referendo

El argumento esgrimido por el jefe de Estado para justificar su reelección son las numerosas obras públicas ejecutadas por su gobierno.

"Lo que hicimos en 10 años es lo que no hicieron (otros gobiernos) en 180 años (de historia del país)", remarcó.

Los bolivianos fueron convocados a votar en un referendo el próximo 21 de febrero para aprobar o rechazar una reforma constitucional, que impulsa el oficialismo para que Morales sea habilitado nuevamente para el período 2020-2025, cosa que no permite la actual ley fundamental.

De vencer el Sí, Morales estará autorizado a postularse para un cuarto mandato en las elecciones generales de 2019. Si triunfa el No, deberá entregar el mando a su sucesor constitucional en enero de 2020. Para entonces, habrá cumplido catorce años en el poder.
Morales, de 56 años de edad, inició su gobierno en 2006 tras imponerse con el 54% de los votos. Revalidó el cargo dos veces consecutivas: en 2010 y en 2015.

Un reciente sondeo de la red de televisión ATB, da cuenta que el 50% de los bolivianos rechaza la posibilidad de modificar la Constitución, mientras otro 45% la apoya.

 

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