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Un “probable aumento” en las penas para quienes cometen delitos de lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico, está bajo análisis con el proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735), dijo ayer el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís.

El presidente Daniel Ortega envió el pasado jueves a la Asamblea Nacional una reforma parcial a la Ley 735, la cual entre otros puntos, crea el Consejo Nacional, “que será el órgano rector del Estado para la elaboración, impulso y evaluación de políticas nacionales, planes y acciones preventivas”.

“Por lo general, los delitos como narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero tienen penas que rondan desde los 20 hasta 25 años, no se sabe si en estas reformas las penas aumentarán, pero puede ser probable, vamos a esperar que nos llamen a comisión”, reconoció el magistrado.

Solís manifestó que la lucha contra el crimen organizado es una política de Estado, por lo que la CSJ estará respaldando las reformas.

AGILIZAR Y COORDINAR

Al respecto, el Coordinador de la bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, dijo que el proyecto se hará para “agilizar y coordinar” las acciones contra los delitos relacionados al crimen organizado.

“Lo que se quiere es crear un consejo que vigile estos flagelos de forma más ágil, más eficiente, así habrá una mejor coordinación en la toma de decisiones”, explicó el diputado.

Castro añadió que se pretende reducir el número de involucrados dentro del Consejo Nacional.

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