Hatzel Montez Rugama
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Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer en lo general las reformas parciales a la Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (735), con 64 votos a favor, 3 en contra, 20 abstenciones y 2 presentes.

Por mayoría, la bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), reformó los artículos 4 y 5, el literal C del artículo 10 y 12 de la ley, donde manda a crear el Consejo Nacional contra el crimen organizado, mismo que estará bajo control del Estado para la elaboración, impulso y evaluación de planes preventivos. Dicho consejo gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa, además estará integrado por las instituciones que nombre el presidente de la República, Daniel Ortega. 

Asimismo, se derogaron los artículos 7 y 8 de dicha ley referidos a la integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales, y sus funciones.

Mociones

El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI) Raúl Herrera, presentó una moción al artículo 5, referida a la integración del Consejo Nacional, pero la misma fue rechazada. Asimismo, realizó una moción al artículo 58, acerca de la distribución de bienes incautados al crimen organizado, con el fin de que fueran dirigidos a los salarios de los maestros y médicos a través del Presupuesto General de la República (PGR), sin embargo no fue aceptada, ya que según el presidente del Parlamento, René Núñez, “no era el objeto de esta reforma”.

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