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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, introdujo este martes ante la Asamblea Nacional un proyecto para derogar la Ley 325, que impone un impuesto del 35 % a los productos colombianos y que estaba en vigor desde 1999, cuando ambos países comenzaron una disputa de límites territoriales.

Ortega explicó que su propuesta para derogar esa ley se da porque la Corte Internacional de Justicia ya ha resuelto el diferendo entre ambos países y Nicaragua ejerce la soberanía en el territorio que se le ha reconocido.

A esa medida que impuso Nicaragua a Colombia desde el 13 de diciembre de 1999, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, se le conoce como “impuesto patriótico”, recordó Ortega.

La eliminación de ese impuesto ha sido solicitado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) desde hace varios años, al considerarlo perjudicial para la economía.

Hoy mismo, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo en su cuenta de la red Twitter, que el sector privado “aplaude” la decisión de Ortega.

“Esta era una solicitud que habíamos hecho desde hace tiempo. Esto ayudará con el comercio con Colombia y esperamos que nos integre a Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración)”, declaró Aguerri.

La ley

El artículo uno de esa ley indica: “Se crea un impuesto calculado sobre la sumatoria del valor CIF más los aranceles preexistentes de un 35 % sobre cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado de procedencia u origen tanto de la república de Honduras como de Colombia”.

El mandatario nicaragüense indicó que a Honduras ya se le había derogado esa medida, pero seguía vigente para Colombia.

En la Asamblea Nacional, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega, tiene más de 70 diputados, suficientes para aprobar sin ningún problema el proyecto de ley introducido este martes.

El economista Alejandro Arauz ha dicho que eliminar ese impuesto a Colombia no tendría ningún impacto fiscal para Nicaragua, como puede leerlo haciendo click aquí.

La ley, por otro lado, establecía que el dinero recaudado a través de ese impuesto se usaría para financiar la defensa jurídica de Nicaragua ante La Haya en los diferencos con Honduras y Colombia, que ya han sido resueltos.

 

 

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