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El Congreso de Guatemala ratificó ayer el “Estado de sitio” declarado por el Ejecutivo en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, del departamento de San Marcos, por un conflicto territorial de más de 80 años que se ha recrudecido en los últimos meses.

Durante una sesión plenaria celebrada este lunes, los diputados, con 114 votos a favor, dieron vida al acuerdo gubernativo 2-2017, que necesitaba de su ratificación tras ser pedido por el Gobierno la semana pasada.

El Gobierno anunció el jueves que declaraba por 30 días en “estado de sitio” a los dos municipios, a unos 161 kilómetros al noroeste de la capital del país, por estar en peligro “la gobernabilidad y la seguridad del Estado” y con el fin de prevenir que el conflicto se agrave.

El decreto, que se publicó el pasado viernes en el diario oficial, restringe derechos básicos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a reunión o la portación de armas, entre otros.

Los pobladores de los dos municipiosque mantienen una disputa por las tierras y el acceso al agua desde hace más de 80 años, están fuertemente armados, según los vídeos divulgados por las autoridades, que han dicho que hay “extranjeros” en el área vigilando cultivos de amapola relacionados con cárteles mexicanos.

CONFLICTO ANCESTRAL

Este conflicto, que ha dejado muertos y heridos, incluidos niños, tiene entre sus víctimas a personas “mexicanas y colombianas”, según dijeron las autoridades sobre esta guerra territorial que inició en 1933 con la creación del municipio de Ixchiguán, aunque ahora parece que se ha diversificado con la entrada del narcotráfico.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades “terroristas, sediciosas o de rebelión” que  pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves “pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado”.

También cuando se registran o se tengan “indicios fundados” de que se van a producir “actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”.

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar “el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.

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