* Pese a protestas y críticas de comunidad nacional e internacional, clan Ortega-Murillo insiste en imponer su “paz y reconciliación”

Representantes de organizaciones civiles independientes rechazaron la política del miedo y del “garrote” como método de “paz y reconciliación” del presidente Daniel Ortega, quien, a través del diputado Gustavo Porras, convocó a las fuerzas de choque para contrarrestar la marcha cívica citada para mañana domingo, en protesta por el fraude electoral de los pasados comicios municipales.

“No es nada de extrañar. Hicieron lo mismo durante todo 2008, lanzaron morteros de manera industrial contra los reclamos cívicos de la población. Esto a pesar de que la Ley 510 prohíbe la utilización de estas armas caseras, lo que constituye un delito”, expresó Gonzalo Carrión, Director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

¿Cuál es el miedo?

Señaló que esto se repite a pesar de las críticas y protestas que organizaciones internacionales de derechos humanos hicieron contra las actitudes antidemocráticas del presidente, quien sigue sin acatar las recomendaciones que le ha planteado hasta la cooperación mundial.

“Un diputado es el que llama a incumplir la ley e insta al delito para atacar a la marcha cívica del domingo, convocada por el Movimiento por Nicaragua. ¿Qué ejemplo deja esto? Ellos -–la dirigencia sandinista-- dicen que es sólo un grupito de gente la inconforme con las elecciones municipales, entonces, ¿cuál es el miedo que le tienen?”, añadió

Autoritarismo y centralismo
Por su parte, Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, mencionó que nada cambia en el gobierno de Ortega, más que la coyuntura, pero su autoritarismo y la política centralista se mantienen.

“También es triste que un diputado que dice representar al pueblo de Nicaragua, inste a la violencia. Éste ni como legislador ni sindicalista, ni como persona abona a las consignas de su gobierno, y deja en evidencia la posición de intolerancia y la concepción de ese partido político. Esta inestabilidad política viene a sumarse a la ya difícil crisis social y económica”, dijo.

Molina considera que estas actitudes son un flagrante desconocimiento a la Carta Magna y a las libertadas públicas, coartando el derecho a la movilización y a expresarse cívicamente.

Por otra parte, mencionó que no es de extrañar la parcialidad policial, su complicidad, la falta de acción de las autoridades y su beneplácito ante la violencia y la utilización de morteros, teniendo en cuenta que el jefe de la Policía Nacional es el mismo presidente Ortega.

“Sólo nos queda insistir, protestar nacional e internacionalmente contra los atropellos, y seguir movilizándonos cívicamente hasta que se cumpla con nuestros derechos ciudadanos”, dijo la vocera de la Coordinadora Civil.