* En presencia del Cosep, Amchan y sociedad civil
* Exigen transformaciones de fondo en el Consejo Supremo Electoral

Los partidos políticos de oposición en presencia de los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y la sociedad civil organizada, acordaron ayer no reelegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) ni a los demás funcionarios a quienes se les vence el período este año.

Estas medidas fueron tomadas para “defender la democracia ante las acciones dictatoriales del presidente Daniel Ortega”, y en protesta por el fraude electoral y la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que habilita a Ortega a participar nuevamente en las elecciones nacionales.

En el punto número cuatro, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Vamos con Eduardo, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y los “diputados independientes”, acuerdan “no elegir a ninguno de los funcionarios que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional en 2009 y 2010 mientras no se escoja a personas capaces, honestas e imparciales.

Transformación a fondo o no hay elección

Según los políticos, no elegirán nuevos magistrados del CSE “mientras no se realice una transformación profunda en el CSE, y en el marco electoral, que garantice transparencia y respeto al voto ciudadano”.

Consultados sobre ese punto, el diputado Eduardo Montealegre aseguró que no impulsarán ninguna reforma a la Constitución Política. Hasta ahora, el PLC ha votado en conjunto con el Frente Sandinista en el Parlamento para elegir a los funcionarios cuando se precisa de mayoría calificada, y la ALN cuando se aprueban leyes con mayoría simple.

Ayer, ambas facciones políticas aseguraron que cumplirán con los compromisos firmados, a pesar de que cuando se firmaron los primeros acuerdos, luego de emitida la sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ, la ALN no apoyó las acciones previstas en el Parlamento.

ALN se suma a posición

“La ALN, al firmar este documento, está reafirmando su respeto por la institucionalidad y el Estado de Derecho”, aseguró el presidente de esa agrupación política, Alejandro Ruiz.

Los políticos condenaron “las acciones violentas y discursos intimidatorios que ha realizado y continúa realizando el orteguismo para tratar de amedrentar a la ciudadanía y obstaculizar la marcha cívica” de mañana.

Así también llamaron al sector privado para que “brinde facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer este 21 de noviembre el derecho ciudadano a marchar por la defensa de la democracia”, y reiteraron el llamado a la Policía Nacional para que garantice la seguridad a los marchistas.