En el año que termina, la economía interna se vio severamente afectada no solo por la crisis mundial, sino también por los problemas políticos como la falta de gobernabilidad, el irrespeto a las instituciones y la división de poderes; además del irrespeto, por parte del gobierno, a las libertades públicas y, sobre todo, por el masivo fraude electoral durante los comicios municipales de noviembre de 2008. Este último evento conllevó la suspensión y posterior cancelación de la ayuda proveniente del denominado Grupo de Apoyo Presupuestario, GAP, que representó una afectación directa al presupuesto de unos 120 millones de dólares.

El primero en reaccionar a esta situación fue el gobierno de Estados Unidos, el cual “suspendió” durante 10 meses consecutivos los desembolsos pendientes de la denominada Cuenta Reto del Milenio, CRM, hasta que la canceló definitivamente en noviembre pasado, lo que redundó en un perjuicio a municipios más pobres de los departamentos de León y Chinandega, principales beneficiarios de esta ayuda financiera.

Además, Nicaragua perdió la oportunidad de una extensión futura de la ayuda vía CRM, por unos 230 millones de dólares que serían destinados a municipios de otros departamentos del norte del país, entre ellos, Matagalpa.

Por otra parte, la reducción en el apoyo directo al Presupuesto anual proveniente de los países europeos, condujo al gobierno a impulsar una “Ley de Concertación Tributaria” que pretendía gravar el salario bruto de los trabajadores, las pensiones de los jubilados y a las pequeñas pulperías de barrio, eso entre otras medidas poco populares como imponer un tributo a los depósitos de los ahorrantes independientemente del tipo de moneda y del monto depositado.

Quizás uno de los pocos y endebles triunfos de la oposición en el Parlamento, al menos en materia económica y financiera, fue frenar estas medidas tributarias que, a juicio de sus detractores, solo tenían como fin “tapar el hueco presupuestario” ocasionado por la suspensión de la ayuda europea a causa del fraude electoral de noviembre de 2008 y cuyos efectos, el Ejecutivo y el Consejo Supremo Electoral, CSE, se negaron a reconocer y revertir.

En diciembre, poco antes de finalizar la XXV Legislatura, los diputados aprobaron el Presupuesto General de la República 2010, con un monto de ingresos tributaria que supera los 25 mil 262 millones de córdobas. Pese al rechazo a la denominada Ley de Concertación Tributaria, los legisladores también respaldaron con su voto una Ley de Reforma a la Ley de Equidad Fiscal que, de alguna manera, “suavizó” los efectos de la primera iniciativa, sin embargo, esta reforma tributaria pretende para el próximo año, recaudar unos 971 millones de córdobas adicionales a lo estimado por el gobierno.

Cabe señalar que una de las medidas contenidas en la iniciativa de Ley de Concertación Tributaria, como es gravar con un impuesto los depósitos de los ahorrantes --independientemente del tipo de moneda y del monto-- se mantuvo en la reforma a la Ley de Equidad Fiscal aprobada antes de cerrar el 2009.

Los “huecos” para el 2010

El presupuesto 2010 enfrenta un déficit fiscal superior a los 5 mil 830 millones de córdobas que, sumados al pago de los intereses de la deuda interna, el monto va más allá de los 8 mil millones. Parte de este déficit será cubierto con más deuda interna, pues en la Ley Anual de Presupuesto aprobado en diciembre de 2009, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quedó autorizado a emitir y disponer en el mercado, de bonos del tesoro hasta por un monto superior a los 2 mil 769 millones de córdobas.

Sin embargo, según las estimaciones del gobierno, parte del déficit presupuestario también será cubierto con financiamiento externo, en este caso, donaciones proyectadas por un monto de 3 mil 436 millones 546 mil 117 córdobas.

El jefe de bancada parlamentaria del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Edwin Castro Rivera, recordó que en el año 2009 sus colegas de la oposición se dedicaron a “cabildear” en las embajadas de los países europeos y otros cooperantes como Estados Unidos, para que suspendieran su ayuda financiera a Nicaragua. Castro calificó esas acciones como un delito contenido en el Código Penal y conocido como “traición a la patria”.

Pese a esta, Castro no cree conveniente acusar a ningún diputado opositor por la vía penal, atribuyéndoles este ilícito.

Más bien, el legislador oficialista hizo un desglose de todos los convenios de créditos aprobados a lo largo del 2009 lo que, a su juicio, tira por el suelo los argumentos de la oposición en el sentido de que este año se redujo la cooperación financiera.

Según Castro, los últimos cinco préstamos aprobados corresponden a 120 millones de dólares, una parte, para apoyo presupuestario, todos los convenios fueron firmados entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el año, agregó, el Parlamento nicaragüense aprobó 368 millones 963 mil dólares “para los que decían que no había ayuda externa a Nicaragua”. De este monto total, señaló, 35 millones de dólares corresponden a donaciones.

El panorama, según analistas económicos, no es muy alentador para el año próximo, sobre todo con un presupuesto que depende en gran medida de una reforma fiscal con efectos positivos “inciertos”. Los analistas consideran que las metas recaudatorias del gobierno son irreales en una economía totalmente recesiva y con una reforma tributaria contractiva que, en lugar de incentivar la inversión, la desestimula.

Macroeconomía estable, pero gobernabilidad insostenible

En su informe del último trimestre del año 2009, la Fundación Nicaragüense para del Desarrollo Económico y Social, Funides, reconoce el esfuerzo del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, en mantener una macroeconomía sana, lo que garantiza la estabilidad del programa económico y financiero con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y, por ende, el flujo de dinero vía créditos de los otros organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, BM; el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el mismo FMI.

Según el informe del Funides, los indicadores macroeconómicos del país se mantienen estables, esto ha significado, señalan en el documento, que conforme con el Indice Mensual de Actividad Económica, INMAE, “por primera vez, desde el inicio de la contracción experimentada a partir del tercer trimestre del año 2008, la economía nicaragüense muestra indicios de recuperación”.

“Los datos más recientes de las exportaciones, las importaciones y los depósitos bancarios también sugieren un cambio de tendencia. Sin embargo, la actividad económica, la inversión privada y las exportaciones permanecen por debajo de los niveles del año pasado y Funides proyecta que el Producto Interno Bruto, PIB, caerá 1 ½ por ciento este año”, se lee en el resumen ejecutivo del informe.

Según el Funides, “el comportamiento más reciente de la economía nacional coincide con la recuperación incipiente de la economía internacional; sin embargo, la economía internacional permanece vulnerable […] por lo tanto, es muy importante que se mantengan políticas macroeconómicas apropiadas y se restablezca la salud de los bancos”.

Otros datos

En su último informe trimestral, el Funides señala que “luego de haber caído 1.8 por ciento en los últimos 12 meses, y 1.4 por ciento en relación a agosto del año pasado, la actividad económica se recuperó en el tercer trimestre de 2009 a una tasa anualizada de 2.4 por ciento. La agricultura y el sector pecuario crecieron, mientras que la construcción continuó cayendo, aunque a tasas menores”.

Además, “la demanda de exportaciones de mercancías bajaron 4.2 por ciento en términos reales (volumen) de enero a septiembre de 2009, y las de las zonas francas, 5 por ciento. El volumen de las importaciones cayó 7.4 por ciento; sin embargo hay indicios que tanto las exportaciones, como las importaciones se están comenzando a recuperar”, se lee en el informe del Funides.

También señala el organismo que existe una caída en las inversiones privadas, pero “pareciera que la caída en la inversión privada comienza a mitigarse, ya que a partir del segundo trimestre de 2009 las importaciones de bienes de capital han tenido una tendencia creciente y la construcción un ligero repunte”.

“El nivel de precios se ha estabilizado a raíz de la baja en los precios de los alimentos y la energía, y la inflación en lo que va del año es apenas del 0.4 por ciento. Sin embargo, sectores como la educación y la salud continúan mostrando alta inflación, lo cual amerita ser examinado con atención”, se lee en el informe del Funides.

¿Qué preocupa?

Con este panorama un tanto positivo, ¿qué es lo que preocupa al Funides? Precisamente la parte política, sobre todo, los aspectos vinculados a la gobernabilidad, como el respeto a los derechos civiles y las libertades públicas; el respeto a las instituciones y la independencia de los Poderes del Estado.

La sentencia 504 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, permitiendo la reelección del Presidente Ortega, fue vista como una invasión del Poder Judicial en los asuntos de la Asamblea Nacional referente a la facultad del Legislativo para reformar las leyes y, sobre todo, la Constitución Política. Esta situación agravó los problemas con los donantes y ocasionó pánico entre los inversionistas privados y, particularmente, los extranjeros.

Sin entrar en detalles, el Funides hace alusión somera a estos aspectos políticos y la manera en que el gobierno los ha reflejado en el ámbito económico. Cuando se suspendió la cooperación financiera a causa del fraude electoral de 2008, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, justificó la propuesta de Ley de Concertación Tributaria alegando que se trata de una medida encaminada a dejar de ser dependientes de la ayuda internacional.

Al respecto, el Funides señala en su informe que “respalda los objetivos macroeconómicos del gobierno, pero bajo el punto de vista macroeconómico no considera justificada la propuesta (de Concertación Tributaria)”.

Cabe recordar que en el primer trimestre del próximo año se estima que Gobierno y empresa privada acordarán una nueva legislación en materia fiscal. Precisamente, Funides no respalda esta propuesta “primero, porque la caída en la recaudación obedece a una caída en la actividad económica y en los precios de las importaciones, por lo que en la medida en que éstos se recuperen, también se recuperarán los impuestos”.

Otra de las razones por las que rechazan la propuesta es que “en la situación actual de la economía, la política fiscal debería ser expansiva y no contractiva; y, además, porque la Propuesta de Concertación Tributaria luce como una reacción a la caída en donaciones que se produce en 2009”.

“Funides también concuerda que deberíamos disminuir nuestra alta dependencia del apoyo externo. Sin embargo, esto se debe hacer gradualmente y como parte de una política deliberada de fomentar el crecimiento y el ahorro interno y no como una reacción a la disminución de las donaciones a raíz de nuestros problemas institucionales”, se lee en el documento.