27 de febrero de 2010 | 21:24:00


Todo inició con el pacto
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La debacle del Consejo Supremo Electoral


La credibilidad del actual tribunal electoral es casi nula. Hace 20 años dicha institución gozaba de enorme legitimidad nacional e internacional, ¿a qué se debe este estrepitoso cambio? A continuación, un repaso del rumbo de esta institución desde los tiempos de bonanza de credibilidad hasta nuestros días

Por Matilde Córdoba | Política

La debacle del Consejo Supremo Electoral
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La relación del magistrado Roberto Rivas y el cardenal Miguel Obando ha sido un factor sostenido y ahora bendecido por Daniel Ortega en el CSE. ARCHIVO / END


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Las últimas dos décadas hablan mucho del Consejo Supremo Electoral. Esta institución pasó de estar entre las más respetadas a ser la menos creíble. Pasó de ser dirigida por el respetable Mariano Fiallos Oyanguren, a ser presidida por un cada día menos respetado Roberto Rivas.

Esta institución y sus magistrados se convirtieron en puntos de referencia de procesos electorales en varios países de América Latina, hasta donde fueron en calidad de expositores y observadores. El hecho de que un militante del FSLN con las calidades morales de Mariano Fiallos Oyanguren haya dado como perdedor al candidato de su propio partido, el comandante Daniel Ortega, y ganadora a la señora Violeta Barrios de Chamorro, es un hecho inédito y sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua.

Eso hace 20 años, cuando se efectuaron las elecciones nacionales más observadas del país y las reconocidas como las más transparentes. Estos comicios le dieron la victoria a la coalición antisandinista Unión Nacional Opositora (UNO), que aglutinaba a 14 partidos y era encabezada por Violeta Barrios de Chamorro.

A pesar de que Fiallos Oyanguren, igual que toda la estructura electoral, eran partidarios sandinistas, no hubo ninguna queja por irregularidades en el proceso.

El pacto llegó como maldición
A criterio de la ex presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) y quien fungió como secretaria de Actuaciones de esta instancia durante las elecciones del 90, Rosa Marina Zelaya, el CSE fue maleándose a raíz del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, que promovió la partidización de esta institución.

“Desafortunadamente, éstos son los estertores del pacto entre Ortega y Alemán, porque el hecho de haber partidizado la institución al ciento por ciento le hizo mucho daño a la evolución profesional que venía teniendo el Consejo desde esas históricas elecciones”, sostiene Zelaya.

Mariano Fiallos Oyanguren, ya alejado de la vida pública, en una entrevista concedida a un medio de circulación nacional en 2000, un día antes de las elecciones municipales, nombró los motivos por los que desde entonces el CSE ya no era el mismo que él dirigió en aquellas históricas elecciones.

“Estas elecciones han sido en general viciadas, por diferentes aspectos. Ya desde 1996 había comenzado la partidización del organismo electoral, haciendo que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos fueran escogidos de la lista de partidos. Esto se profundizó en las elecciones del Caribe en 1998, y ahora aún más en la Ley Electoral, porque prácticamente dejó al organismo electoral en manos del sandinismo y del liberalismo”, dijo Fiallos Oyanguren.

La contaminación progresiva
A criterio de Rosa Marina Zelaya, el deterioro del CSE inició incluso cuando ella lo dirigía y se aprobaron en la Asamblea Nacional las primeras reformas a la Ley Electoral. “Las elecciones de 1996 son un reflejo de la partidización de los organismos intermedios”, dice, y luego explica cómo se dio esa transformación.

La contaminación política se da, agrega, porque en 1995 se decide que las mesas electorales iban a ser conformadas a propuestas de los partidos políticos. “En 1990, el segundo miembro era tomado a propuesta de los partidos, pero el presidente y el primer lo miembro elegía el Consejo”.

“En 1996 las Juntas ya están en manos de los partidos, y los Consejos Electorales Departamentales y Municipales también”, agrega.

Por esas reformas que Zelaya dice que viciaron la Ley Electoral fue que, en 1995, Mariano Fiallos Oyanguren renunció al cargo y ella lo asumió. Desde entonces, hay una nueva camada de magistrados a quienes se les señala de ser responsable de todo tipo de irregularidades.

La misma Rosa Marina Zelaya fue objeto de críticas, porque gracias al sistema de representación proporcional, el Movimiento Renovador Sandinista logró un escaño en el Parlamento en las elecciones de 1996.

Las boletas callejeras y Zelaya se defiende
El esposo de Zelaya, Jorge Samper, que encabezaba la lista de diputados por el departamento de Managua resultó electo, lo que provocó el cuestionamiento de otros partidos políticos que consideraron que la asignación correspondía al departamento de Masaya y no a la capital.

Zelaya tiene su explicación al respecto, y se defiende de las irregularidades durante las elecciones de 1996, cuando fueron encontradas boletas en las calles de Managua.

“No eran personas de confianza ni de conocimiento pleno del Consejo, sino de los partidos políticos que lo proponen”, dice, refiriéndose a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes, asume, manipularon las boletas.

“Es cierto que han dicho cualquier cantidad de majaderías respecto a esto con el ánimo de afectar mi credibilidad, pero están claros los resultados. El sistema técnico que se llama sistema de representación proporcional significa que, en primer lugar, se suman los votos válidos, se divide entre el cociente electoral nacional…”, explica.

Justifica el caso Samper
Y luego lanza la justificación sobre el caso de su marido: “Lo que se hace es que todos los votos válidos obtenidos a nivel nacional se aplican donde el partido haya obtenido mayor cantidad de votos, en este caso es Managua, que pretendieron decir que le correspondía otro departamento, pero allí están los números”. Sobre las boletas encontradas en basureros, dice que no fueron tiradas allí por orden suya, “ni de los magistrados del CSE, porque el Consejo no fue quien nombró directamente”, y asegura que “esa irregularidad tuvo que haber salido de los partidos que iban perdiendo”.

La entrada de Roberto Rivas
Las reformas electorales aprobadas en 2000 impusieron una suerte de bipartidismo en el Poder Electoral. Básicamente, estos cambios consistían en elevar de cinco a siete el número de magistrados del CSE.

En ese año, el Frente Sandinista quedó con tres magistrados y el Partido Liberal Constitucionalista con cuatro. Así, pues, en febrero de ese año fueron electos cuatro nuevos magistrados del CSE, dos sandinistas y dos liberales, quienes asumieron sus cargos para organizar las elecciones municipales tres meses antes de su realización.

Dicha reforma eliminó la posibilidad de competir en los comicios por suscripción popular. Entonces Roberto Rivas, para esa época sólo un cercano del cardenal Miguel Obando y Bravo, era ya presidente de la instancia electoral.

En 1991, el Consejo Supremo Electoral tenía un nivel de aceptación del 70 por ciento y ahora tiene menos del 20 por ciento.

Carencia de legitimidad
Cyril Omier, actual secretario general de la Uraccan, y ex secretario general de CSE, considera que un problema fundamental en la actual instancia electoral es esa carencia de legitimidad.

“Hay que hacer cambios, hay que contar bien los votos para que la gente sepa que sus votos fueron tomados en consideración. No podemos seguir oyendo quejas del mismo vicepresidente de la República, que no sabe dónde está su voto. Ese tipo de cosas no contribuyen al fortalecimiento de los procesos electorales”, sostiene Omier, originario de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), y quien está postulado como candidato a magistrado del CSE.

Organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal, la empresa privada y la comunidad internacional criticaron duramente el curso de los procesos electorales en el país y las irregularidades cometidas en las elecciones municipales de 2008.

Todos coinciden en que los actuales magistrados deben ser cambiados. Pero, según Omier, los cambios van más allá de eso. “Hay que hacer una reingeniería en la cedulación. No es posible que una persona necesite esperar tres, cuatro años, para recibir su cédula”, sostiene.

Y es que las críticas al actual CSE van desde irregularidades en los procesos electorales y denuncias de fraude, hasta entrega de cédulas a narcotraficantes, personas ligadas a explotadores sexuales y guerrilleros colombianos.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales exige personas “de reconocida trayectoria y capacidad profesional; de reconocida honestidad y responsabilidad demostrada en el ejercicio del servicio o cargo que se le haya asignado en la vida pública o privada”, para asumir los puestos de los magistrados del CSE que en este año quedarán vacantes.

La marca
La marca de Roberto Rivas es indeleble en esta institución. Los opositores lo señalan de cómplice del Frente Sandinista durante las elecciones municipales de 2008, y la oposición reclama como suyas 40 alcaldías adjudicadas al partido de gobierno, entre ellas Managua.

Ese mismo año, este CSE resolvió cancelarle la personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC, evitando así que ambas organizaciones políticas participaran en las elecciones municipales.

Contrario a las elecciones de 1990, las municipales de 2008 fueron observadas sólo por organismos afines al partido de gobierno. No se permitió observación internacional ni de organismos nacionales experimentados en la materia.

Roberto Rivas acusó a Ética y Transparencia, y al Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, de asumir “posiciones políticas” contra el Poder Electoral.

Abundaron las denuncias de fiscales expulsados de las Juntas Receptoras de Votos, JRV, cierres prematuros de las mesas de votación, números invertidos, boletas tiradas en un basurero de Nagarote y actas perdidas.

Un caso emblemático
El Consejo Supremo Electoral dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones municipales: el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, encabezaba más del 85 por ciento de las alcaldías con el tres por ciento de los votos escrutados. Insólito. El golpe ya estaba dado, y a esa hora los fiscales opositores estaban fuera del centro de cómputos en la capital.

La mañana del nueve de noviembre de 2009, los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, ejercían control sobre los funcionarios de las Juntas Receptoras de Votos, y la participación de votantes parecía alta y normal.

Al medio día, el día de las elecciones, en el Recinto Universitario “Pedro Aráuz Palacios”, Rupap, ya habían cerrado una Junta Receptora de Votos a las 11 y media, y cada hora siguiente, otra. A las tres de la tarde, una multitud se abalanzaba sobre los portones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, mientras en el Rupap, centenares de personas gritaban enloquecidas que los dejaran votar. Casi se había agotado el bullicio, cuando antes de las cinco de la tarde los votos habían sido contados y las urnas eran secuestradas por los CPC, que las trasladaron con disciplina militar.

Las irregularidades
En Juigalpa, Chontales, en el barrio Loma Linda, en la JRV 0291, una señora de nombre Nancys Lizeth Céspedes Rivera, como presidenta, terminaba de cerrar su JRV, y en Managua, antes de las seis de la tarde, más del 30 por ciento de las mesas electorales ya habían cerrado, pese a que la Ley exige esa misma hora como regla, y eso, en caso de que no hubiesen votantes haciendo fila. Minutos más tarde, Céspedes impugnó su mesa con una credencial de fiscal que “llevaba bajo la manga”, y así lo corroboró días después el Consejo Electoral de su municipio mediante una resolución.

En Masaya, en Carazo y en León los resultados preliminares daban votos nulos inconcebibles e impugnaciones de JRV sin razón alguna. En Jinotega, los resultados del Partido Liberal Constitucionalista PLC eran asignados al del FSLN que perdía esa alcaldía.

En el Instituto Nacional “Half Hooker”, ubicado en el barrio La Primavera, del Distrito VI, cerraron tan temprano, que incluso el escrutinio terminó 15 minutos antes de lo establecido para el cierre de mesas. Ahí los resultados fueron 119 para el PLC y 90 para el FSLN, pero la JRV no fue tomada en cuenta por el CSE junto a más de seiscientas de la capital.

Los resultados que ofrecía el CSE para Managua eran 52 por ciento para el candidato del FSLN, el fallecido Alexis Argüello, y 46.7 por ciento al del PLC, el diputado Eduardo Montealegre. Pero el conteo paralelo de los liberales tenía resultados exactamente a la inversa.

Los resultados no cambiaron tanto, y hasta el 14 de noviembre, el CSE publicó una tendencia similar con el 69 por ciento de los votos escrutados, sólo que con una particularidad: el porcentaje restante eran favorables al PLC.

Con la colaboración de Ramón Potosme

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