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El productor chinandegano Juan Ernesto Venerio Espinales, acusado de matar a dos personas cuando intentaban tomarse su propiedad, fue encontrado culpable por la juez Primero de Distrito de Juicio, Rosa Velia Baca.

En la última sesión de la vista pública, Venerio permaneció pensativo. Mientras se desarrollaba la defensa, su vista estuvo hacia el suelo y solamente la levantó al escuchar el veredicto de culpabilidad de parte de la juez Baca.

El abogado defensor Luis Conrado dijo que su cliente actuó en defensa propia de su persona y la propiedad, así como la integridad de los obreros agrícolas que reparaban las cercas de la finca rural Las Pampas, localizada en el kilómetro 152 de la carretera Chinandega-El Guasaule, cuando llegaron los invasores.  

Conrado agregó que apelarán la sentencia. La jueza Baca acogió la estrategia parcialmente porque faltaron pruebas del requisito de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión de una veintena de personas que se presentaron a la propiedad con ánimo de tomarse las tierras.

Como se recuerda, el grupo de personas liderado por Óscar Pomares, pretendían tomarse 100 manzanas de tierra, el 11 de diciembre, fecha en que el productor ganadero acudió a las autoridades para denunciar la usurpación del bien rural y las amenazas contra su persona. 

Segundo intento

Al día siguiente, el mismo grupo, con Pomares a la cabeza, junto con Isidro Cruz y Clemente Cárdenas, regresaron al lugar para tomar posesión de la tierra, cuando Venerio intervino, enfrentó a los invasores y producto de la discusión acalorada, Pomares amenazó de muerte a Venerio, por lo que este desenfundó su arma contra las tres personas.

Las viudas de Óscar Pomares e isidro Cruz estuvieron presentes. A ambas se les propuso una negociación extrajudicial, pero fue rechazada por los familiares de los fallecidos. 

Durante el juicio se probó la agresión ilegítima y la provocación de parte de las dos personas muertas.

Con base en el artículo 322 del Código Procesal Penal, el lunes se debatirá la pena que habrá de imponerse por los delitos de homicidio y lesiones gravísimas.

Alberto Avilés, consultado sobre el resultado del caso, opinó que no hay seguridad jurídica pora la protección y defensa de la propiedad privada ante las acciones de los llamados “tomatierras”.

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