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  • EFE

Un abogado que denunció a una jueza de Nicaragua y otros funcionarios por un supuesto caso de corrupción, afirmó hoy que teme por su vida, ante posibles represalias, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en marcha una investigación interna.

"Yo temo por mi vida, por las represalias que puedan tomar esos funcionarios denunciados y las personas que los protegen", dijo el abogado Álvaro García Poveda, quien defiende al supuesto marero salvadoreño Sergio Antonio Umaña Salamanca y al nicaragüense Wilfredo Álvarez Montano, acusados de los delitos de crimen organizado, transporte ilegal de estupefacientes y lavado de dinero.

Según la denuncia del abogado, la jueza del municipio nicaragüense de Tipitapa, Victoria López, y su hijo Roger Lenin Santos, asesor de la Sala Penal de la CSJ pidieron dinero a familiares de sus clientes, a cambio de favores.

La presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, afirmó que, como parte de la investigación, ha llamado a declarar ante la Corte, tanto al denunciante como a otros abogados que apoyan la querella.

Ramos afirmó que la CSJ solicitó apoyo a la Policía Nacional y otras autoridades del sistema de justicia, "para poder aclarar ese hecho".

García, quien se quejó de que los investigados no fueron retirados de sus puestos durante la investigación, sostuvo que la corrupción en el sistema judicial debía ser denunciada.

"Somos los nicaragüenses los que tenemos la obligación de señalar los actos de corrupción", afirmó el abogado denunciante. La presidenta de la Corte se negó a brindar otros detalles sobre la investigación, para no interferir en su curso.

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