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El Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos pagó a un grupo de "hackers" profesionales para que le ayudasen a acceder al teléfono iPhone utilizado por el autor del tiroteo en la localidad californiana de San Bernardino en diciembre pasado, que se cobró la vida de 14 personas.

Según publicó el Washington Post, que citó fuentes policiales no identificadas, el FBI se contactó con los piratas informáticos que hallaron un defecto de software no conocido hasta entonces y facilitaron la información a los agentes para que estos creasen una pieza de hardware que les permitió acceder al teléfono.

El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de cuatro dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple, fabricante del dispositivo, que hubiese eliminado todo el contenido del teléfono en caso de introducir códigos incorrectos más de 10 veces.

Al grupo de "hackers" profesionales, que habitualmente colaboran con el gobierno estadounidense, se les pagó una cantidad no revelada.

El FBI accedió al teléfono de Rizwan Farook, responsable junto a su esposa Tashfeen Malik de la muerte de 14 personas en diciembre en California, después de un largo litigio legal y de que Apple se negase a prestar su ayuda.

La compañía alegaba que, de acceder a la demanda del Gobierno, ponía en riesgo la privacidad de todos sus dispositivos.

Otro enfrentamiento

La semana pasada, Microsoft demandó al Gobierno de Estados Unidos al considerar que es inconstitucional que el Ejecutivo prohíba a las empresas tecnológicas informar a sus clientes cuando sus datos han sido revisados.

  • 14 muertos dejó el tiroteo en San Bernardino.

Microsoft asegura en su demanda que ha recibido 5,624 peticiones de información por parte del Gobierno en los últimos 18 meses y en casi la mitad de los casos, un total de 2,576, la compañía no pudo informar a los clientes de que los agentes federales estaban inspeccionando sus datos.

La firma tecnológica afirmó que esta demanda ofrece "una oportunidad" al Departamento de Justicia de EE.UU. para adoptar nuevas reglas que establezcan "límites razonables" en el uso de las órdenes secretas.

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