Sergio Aguirre
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El constitucionalista, doctor Cairo Manuel López, criticó como ingenuos a los diputados de la Asamblea Nacional que aprobaron las reformas a la Ley 290 que en su artículo 11 crea los Consejos del Poder Ciudadano y la prórroga de la Ley Marco sin medir las consecuencias de estas decisiones.

El también presidente del Grupo Pro-Justicia afirmó también que los Consejos de Poder Ciudadanos, CPC, no pueden imponerse ni a la sociedad ni al Estado nicaragüense, ya que para ello existen leyes e instituciones que garantizan la participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones.

López, al hablar durante un foro auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, recordó que las reformas constitucionales realizadas en 1995 afianzaron ciertos principios, como por ejemplo, en el artículo dos de la Constitución se establece que la soberanía reside en el pueblo, pero en el aspecto político el pueblo no la ejerce directamente, sino a través de sus representantes, y además señala que nadie puede arrogarse la representación nacional.

“Sin embargo, en ese mismo artículo, también se dice que existen dos mecanismos de participación directa, que son el plebiscito y el referendo.

Límites conceptuales de la democracia

“Por otro lado, las reformas de 1995 consignan que Nicaragua es República democrática, participativa y representativa, debido a la fuerte experiencia vivida en los años 70, 80 y 90, y al someter a análisis el concepto de democracia, nos damos cuenta que sólo ha servido para llamar cada cierto tiempo para que la población vote a favor de candidatos que ni siquiera escogen y sin tener la posibilidad de influir en ellos”, sostuvo.

El jurista agregó que en esas mismas reformas constitucionales se incorporó el derecho que tienen los ciudadanos de participar en iniciativas de ley, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), y también para la elección de miembros de instituciones y entes de creación constitucional, deben ser consultadas las asociaciones civiles pertinentes.

Los riesgos

“Hay un artículo, el 166, que no fue reformado en 1995, y que dice: `La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular, que será determinado por la ley’. Eso daría pie a que alguien pensara que puede montar CPC en el Poder Judicial”, indicó.

Sobre si los CPC son o no son estructuras del Estado o si son o no son estructuras de un partido político, el Presidente del Grupo Pro-Justicia señaló que la población ya se pronunció al respecto diciendo que la participación ciudadana ya está garantizada en la Constitución Política y además ya existe en el país una Ley de Participación Ciudadana como tal, que viene a reforzar dicha participación a nivel municipal, departamental, regional y nacional.