Consuelo Sandoval
  •   Managua  |
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La Asamblea Nacional aprobó ayer la tipificación de los delitos contra la seguridad del Estado, la Constitución Política y traición a la patria, estipulando fuertes sanciones a los nicaragüenses que intenten promover un golpe de Estado y tomar las armas contra nuestro país, entre otros.

El artículo 397 de la nueva legislación castigará severamente a los que se alcen en armas para modificar, suspender o derogar la Constitución Política; sustituir cualquier poder del Estado; al presidente de la República o al gabinete de gobierno o sustraer a la nación de la obediencia del gobierno constituido.

Las penas oscilarán entre cinco y siete años para los autores de ese delito, en cambio, la sanción se incrementan de ocho a diez años de prisión para los instructores, promotores y jefes de la rebelión, precisa ese artículo.

Los que provoquen motines violentos para impedir el cumplimiento de las leyes o de resoluciones de las autoridades, funcionarios o empleados públicos, purgarán penas de seis meses a dos años de prisión, y se elevarán en caso que el delito sea cometido por representantes de las instituciones.

Rebelión

El artículo 400 consigna que no se considerará delito de rebelión o motín en caso que los autores se sometan a la autoridad o se disuelvan, antes que ésta les haga intimaciones o a consecuencia de ellas, sin haber causado otro mal más que la perturbación momentánea al orden.

Los diputados aprobaron que quien seduzca al personal de las fuerzas armadas o policiales para sustraerles su mando, usurpar o retener ilegalmente sus atribuciones, será sancionado con penas de cinco a siete años de cárcel e inhabilitación para ejercer un cargo por el mismo período.

Señala que se considerará traidor a la patria el nicaragüense que en un conflicto armado tome las armas contra Nicaragua o se una a sus enemigos prestándoles ayuda, colaboración a las fuerzas enemigas o dificulte la defensa del Estado, será penado con prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta para el desempeño de una función, empleo o cargo público por el mismo período.

Igualmente se estipula que el que realice actos que menoscaben o fraccionen la integridad territorial de Nicaragua para someterla al dominio extranjero, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión.

El Código Penal también penará a quienes por actos ilegales o que no estén debidamente autorizados por el gobierno nacional provocare o pusiera en peligro inminente una declaración de guerra contra Nicaragua, o exponga a sus habitantes a experimentar vejaciones por represalias en sus personas o en sus bienes, o ponga en peligro las relaciones pacíficas del gobierno nicaragüense con un gobierno extranjero, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión.

Seguridad y secretos de Estado

La legislación penal también sancionará con tres a ocho años de prisión a los que violen los secretos de Estado relativos a la seguridad y ponga en peligro la defensa nacional.

Asimismo, se castiga con la pena de seis meses a tres años de prisión a quien viole la inmunidad de un jefe de estado, jefe de gobierno, o de cualquier persona protegida con ese privilegio.

La infidelidad diplomática será penada de cinco a ocho años de prisión, a quien designado oficialmente por el gobierno para dirigir una negociación con representantes de un país extranjero u organismo internacional, actúe fuera de las instrucciones recibidas en perjuicio de los intereses de Nicaragua.

Los legisladores también establecieron fuertes penas contra el crimen organizado, el terrorismo, toma de rehenes, delitos contra la navegación y seguridad portuaria y la violación al control y regulación de armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos.