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  • The Economist

Una pesadilla está a punto de terminar para unas 24,000 personas en la República Dominicana.

Durante meses, un fallo judicial en vigor los ha convertido en apátridas, en el proceso forzando al límite las relaciones tensas del país con Haití, su vecino pobre en la isla caribeña La Española. Para muchas otras, sin embargo, la odisea continúa.

Hasta hace una década, los hijos de migrantes haitianos que nacieron en la República Dominicana eran reconocidos como ciudadanos dominicanos, aun cuando sus padres hubieran inmigrado ilegalmente. Las reglas comenzaron a cambiar en 2004, y en 2010, una nueva Constitución hizo de un padre legalmente residente un requisito para la ciudadanía al nacer.

Luego, en septiembre pasado, un fallo del Tribunal Constitucional negó la ciudadanía incluso a los descendientes de inmigrantes ilegales que habían llegado antes de ese cambio.

Extranjeros

El gobierno afirma que estas revisiones eliminan justamente una anomalía y están en conformidad con la práctica en otras partes. Sin embargo, los hijos a los que se refiere el fallo, muchos de ellos bien entrados en la edad mediana, fueron reclasificados de un plumazo como extranjeros y desde entonces se les han negado nuevos documentos de identidad.

En vez de ello, se les dijo que solicitaran nuevos papeles a su supuesto país de origen, aun cuando la enorme mayoría nunca ha estado en Haití, solo habla español y no puede probar que sea elegible para la ciudadanía haitiana.

Decisión antipática

Las relaciones en La Española han sido tensas desde que Haití ocupó la República Dominicana de 1821 a 1844, pero esta vez el mundo tomó nota. Grupos de presión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el fallo.

El Caricom, un grupo de países caribeños, suspendió la solicitud de membrecía de la República Dominicana. Mientras tanto, el presidente de Haití, Michel Martelly, causó agitación al citar a un periodista dominicano quien llamó a la decisión un “genocidio civil”.

Todo eso dejó en problemas al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, quien asumió apenas un mes antes del fallo. Su nación no puede permitirse ser aislada, pero capitular le haría parecer débil.

Correría el riesgo de parecer demasiado amigable con Haití, al cual los políticos dominicanos han usado desde hace tiempo como un saco de boxeo retórico. Joaquín Balaguer, un tirano que gobernó intermitentemente a la República Dominicana durante 30 años, una vez advirtió de una “invasión pacífica” de inmigrantes haitianos.

El expresidente Leonel Fernández, quien fue el predecesor de Medina y está casado con su vicepresidenta, gano una elección cerrada en 1996 después de acusar a su rival, de piel más oscura y ascendencia haitiana, de querer reunir a los dos países. Al final, Medina y sus aliados legislativos eligieron un cauteloso término medio.

Un paso atrás, pero…

Para el grupo más flagrantemente en desventaja, las 24,000 personas con documentos de identidad dominicanos previamente válidos, la ayuda está en camino. El 23 de mayo pasado, el presidente firmó una ley reinstalando su ciudadanía. Aunque la burocracia dominicana puede ser arbitraria y difícil, ahora son formalmente elegibles para renovar sus certificados de nacimiento, licencias de conducir y pasaportes.

Las personas que carecen de esos documentos, pero aún pueden probar a satisfacción de las autoridades que nacieron en República Dominicana, un grupo que incluye a 21,000 niños nacidos entre 2007 y 2010, también recibirá un indulto.

Después de un período de espera de dos años, serán elegibles para solicitar la ciudadanía por naturalización, que conlleva todos los derechos de los nacidos en el país, excepto la posibilidad de ocupar un alto cargo.

Sin embargo, la ley no ofrece solución para el grupo más grande involucrado, quienes nacieron en la República Dominicana de padres sin residencia legal, pero no pueden demostrarlo. Siguen siendo efectivamente apátridas y oficialmente elegibles para la deportación, aunque no tengan a ningún otro lugar a donde ir.

 

24 mil personas son afectadas con el fallo.

 

23 años de ocupación haitiana sufrió República Dominicana.