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Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Más de un millón de personas murieron como resultado de la violencia criminal en la última década, según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.

En Honduras, el país con más asesinatos en el planeta, la tasa de homicidios en 2012 fue de 90.4 personas por cada 100,000 habitantes; una epidemia de asesinatos que se traduce en 7,500 muertos al año en una ciudad del tamaño de Londres (donde la cifra real en el año concluido en mayo fue de 112).

Los delitos letales son solo parte de la historia. Los robos casi se han triplicado en los últimos 25 años, en contraste con las tendencias en otras partes. Aunque hay enormes diferencias entre (y dentro de) los países en Latinoamérica, los costos de la delincuencia son grandes en todas partes.

Algunos de estos costos, como el gasto en seguridad y atención médica, pueden cuantificarse. Otros son más intangibles. En Chile, uno de los países más seguros de la región, casi un tercio de los habitantes dice que sus barrios se ven afectados por las pandillas.

Impunidad

Alguna de las causas del padecimiento delincuencial de Latinoamérica están profundamente arraigadas: un exceso demográfico de varones jóvenes, por un lado, y niveles obstinadamente altos de desigualdad del ingreso.

Otras emanan de fuera de la región: la demanda de drogas con destino a Estados Unidos y el suministro de armas que fluye desde ese país. Pero hay otro culpable, más manejable: el sistema de justicia criminal de la región. Los villanos a menudo actúan con impunidad.

La tasa mundial de sentencias por homicidio es de 43 por cada 100 asesinatos; en Latinoamérica es de 24. Criminales insignificantes atestan las cárceles, formando una fuente de talento de donde reclutan miembros las pandillas reincidentes.

Abundan los ejemplos de policías corruptos, tribunales burocráticos y prisiones infernales; las historias de éxito son más raras, pero ofrecen lecciones valiosas. La primera de estas es apartarse de las políticas de mano dura, el enfoque autoritario de la justicia criminal que abruma a las prisiones y sistemas judiciales de la región, y adoptar los principios de la prevención y la rehabilitación.

Nicaragua, un ejemplo

La fuerza policial altamente respetada de Nicaragua ofrece orientación a los adolescentes descarriados; su tasa de asesinatos es una de las más bajas en Latinoamérica. La fuerza policial de Colombia, que a lo largo de los años se ha vuelto mucho mejor en el combate del crimen organizado, ha adoptado un sistema de vigilancia comunitaria para hacer frente a la delincuencia cotidiana.

Más de la mitad de las prisiones de República Dominicana tienen un enfoque estilo escandinavo en la educación y la capacitación: las tasas de reincidencia han caído.

Una segunda lección es la importancia del compromiso político. Las políticas de mano dura quizá sean contraproducentes pero son populares: se requieren agallas políticas para adoptar un enfoque "más blando" ante la delincuencia.

Derecho primero

Un mejor sistema de justicia criminal también requiere dinero y esfuerzo sostenido. Los policías mal pagados de Perú tienen permitido emplearse también como guardias de seguridad privados, según un plan pernicioso en el cual tienen un día en activo y luego un día libre; sería mejor pagar más por una fuerza de tiempo completo que no considere al servicio público como un interludio entre ganar dinero.

La coordinación es vital. Los esfuerzos para expulsar a los líderes de pandillas de favelas específicas en Río de Janeiro han reducido la delincuencia ahí, pero los críticos alegan que los tipos malos simplemente se han trasladado a otras partes de la ciudad.

El tercer elemento de éxito es institucional: un marco que permita al sistema de justicia criminal operar de manera independiente, aunque seguiría responsabilizándosele de sus acciones. Con demasiada frecuencia interfieren los políticos; la remoción de Claudia Paz y Paz, una valiente procuradora general en Guatemala, es un ejemplo reciente.

Muy rara vez los policías, fiscales y tribunales que se apartan del camino correcto son llamados a cuentas por supervisores externos. En solo tres países más de la mitad de la población expresa alguna o mucha confianza en sus sistemas de justicia. El problema de la delincuencia de Latinoamérica no puede solucionarse si el régimen de derecho no aplica para todos.

90.4 Personas por cada cien mil habitantes fue la tasa de homicidios de Honduras en 2012.

24 Sentencias por homicidios por cada 100 mil habitantes es la tasa en LA. Esta es la mitad del promedio mundial.