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  • The Economist

Sus restaurantes especializados en carnes rebosan de comensales, sus centros comerciales están llenos. Sin embargo, los riesgos están aumentando.

La cuenta regresiva comenzó el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que no se involucraría en la batalla de Argentina con NML Capital, un fondo compensatorio que había absorbido deuda barata después del incumplimiento de pagos de Argentina en 2001, y desde entonces ha litigado para que se le pague todo el capital más intereses.

La decisión dejó intacto un fallo del juez Thomas Griesa, del Tribunal de Distrito de Nueva York, que prohibía que Argentina pagara a los acreedores que en 2005 y en 2010 intercambiaron 93% de la deuda incumplida por valores al corriente, si el país no pagaba también a NML lo que quiere.

Argentina se quedó solo con opciones difíciles: pagar a NML los más de US$1,300 millones más intereses concedidos por Griesa, negociar un arreglo con el fondo compensatorio o dejar de pagar a los tenedores de bonos de los intercambios.

Un pago a esos tenedores de bonos intercambiados, que venció el 30 de junio, no se hizo. El período de gracia expiró el 30 de julio.

Complicado

El pago total sería difícil de asumir. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre se ha opuesto a pagar, y un pago generoso a NML abriría la puerta a pagos similares a otros acreedores “renuentes”, quienes no aceptaron reestructurar los bonos en su poder.

El consenso ha sido que Argentina llegará a un acuerdo negociado con los renuentes. Argentina había hecho un buen avance este año en su búsqueda de recuperar el acceso a los mercados de capital, llegando a acuerdos, por ejemplo, con el Club de París de acreedores gubernamentales.

Abordar el tema de los renuentes era el siguiente paso lógico. El precio de la deuda incumplida denominada en dólares aumentó por encima del valor real después del fallo de la Suprema Corte, abriendo una brecha con la deuda denominada en euros que no está sujeta a la ley de Nueva York.

Desde entonces, sin embargo, las semanas han sido desperdiciadas. La táctica principal de Argentina ha sido tratar de obtener un aplazamiento de Griesa. Afirma que no puede llegar a un acuerdo con los renuentes sin activar potencialmente la cláusula de Derechos sobre Ofertas Futuras (RUFO, por sus siglas en inglés) escrita en sus bonos reestructurados.

Esta cláusula, que expirará el 31 de diciembre, especifica que Argentina no puede ofrecer voluntariamente a los renuentes un mejor trato que durante sus reestructuraciones de 2005 y 2010, sin extender esa oferta a todos los tenedores de bonos.

Riesgos

Argentina ha argumentado que violar esta cláusula la pondría en riesgo de una inundación de reclamaciones de los tenedores de bonos, y pudiera dejar a los funcionarios vulnerables a un encausamiento criminal por incrementar su deuda. Un aplazamiento hasta la expiración de la cláusula RUFO es la respuesta, afirma.

NML insiste en que Argentina está exagerando su preocupación por la RUFO. Dado que el país ha apelado, llevando su caso hasta la Suprema Corte y ha sido rechazado, dice el fondo, es poco probable que un juez considere cualquier acuerdo como “voluntario”.

Lo más importante es que Griesa no quiere saber nada de esto. En una audiencia, el 22 de julio, rechazó la solicitud de un aplazamiento y ordenó a los renuentes y a Argentina negociar “continuamente” con un mediador designado por el tribunal para alcanzar un acuerdo.

“La referencia a las restricciones de la cláusula RUFO no ayuda”, dice Eugenio Bruno, un abogado especializado en reestructuración de deuda, “porque esa cláusula fue autoimpuesta por Argentina, y, por tanto, es difícil de usar como argumento”.

Un acuerdo beneficiaría a los tenedores de bonos intercambiados, a quienes se les seguiría pagando. Evidentemente, también convendría a los renuentes. El incumplimiento de pago privaría a NML de un pago y de su estatus como acreedor en desventaja: a menos que Argentina esté pagando a otros tenedores de bonos y no a NML, su reclamación de un trato igualitario es inválida.

 

13 Años ha sobrevivido el país suramericano sin acceso a los mercados de bonos en

dólares.

 

1 mil 300 millones de dólares más intereses debe pagar Argentina por orden del tribunal norteamericano.

 

Un laberinto jurídico

Costos. Los representantes del fondo han declarado que están dispuestos a ceder en cuanto a los tiempos así como la estructura de pagos, ofreciendo aceptar una mezcla de bonos y efectivo para reducir el impacto sobre las reservas extranjeras de Argentina.

También podría ser posible rodear el problema de la cláusula RUFO. Argentina pudiera pedir a sus tenedores de bonos intercambiados pasar por alto la cláusula, aunque ahora es corto el tiempo para conseguir el consentimiento mayoritario que se requiere.

Algunos piensan que Argentina pudiera entregar pagarés a NML que cambiaría por valores pagaderos en 2015, después de que expire el mandato de la RUFO. Si eso no fuera posible, el país podría, simplemente, pagar a NML la cantidad completa, como se le ordenó, lo cual es muy probable que se considere involuntario.

Lo que no se sabe es cuán desesperada esté Argentina de evitar la moratoria de pagos. El país ha sobrevivido 13 años sin acceso a los mercados de bonos en dólares. Podría calcular que sus esfuerzos por seguir pagando a los tenedores de bonos intercambiados, junto con la sospecha general hacia los renuentes, pudiera beneficiarle ante los acreedores convencionales.

Consecuencias

Fernández ha trabajado duro para convencer a los argentinos de que debería culparse a Griesa y a los fondos “buitre” si el país incumpliera sus pagos.

Los costos para el mundo exterior serían contenibles. Pocos inversionistas se sentirían consternados si Argentina incumple sus pagos. Su deuda pendiente bajo la ley extranjera, lo que los analistas llaman el “universo susceptible de moratoria”, representa solo US$29,000 millones, mucho menos que los US$81,000 millones de los cuales renegó en 2001.

Por otra parte, la moratoria tendría costos reales para Argentina. Su aislamiento de los mercados de bonos en dólares continuaría. Sus reservas extranjeras han menguado con el tiempo. Deudores como YPF, la empresa petrolera estatal que ha colocado bonos en mercados mundiales, enfrentarían tasas de interés más altas, corriendo el riesgo de retrasos para el desarrollo de Vaca Muerta, una enorme formación de esquisto.

¿Hay salida?

La creciente demanda local de dólares ya está ejerciendo presión sobre el peso en el mercado no oficial. Todo esto haría incluso más difícil que el país saliera de la recesión.

La moratoria también significaría otra incursión en el laberinto legal, porque activaría “cláusulas de aceleración” que dan a los tenedores de bonos el derecho de demandar el pago inmediato.

Estas cláusulas existen en todos los bonos bajo ley extranjera del país, no solo los regidos por la ley de Nueva York, así que haría a Argentina enfrentar batallas judiciales también en otras jurisdicciones.

No hay respuestas fáciles.