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“Si hablo, no habrá elección”, supuestamente advirtió Paulo Roberto Costa, un exejecutivo de Petrobras.

Ahora Costa, arrestado en marzo en una investigación de lavado de dinero que involucra al gigante petrolero controlado por el Estado de Brasil, ha empezado a hablar. La elección, a menos de un mes de distancia, no será cancelada. Sin embargo, si lo que dice es verdad, quizás afectará el resultado.

Según artículos publicados el 5 de septiembre en Veja, un importante semanario, y O Estado de Sao Paulo, un periódico, Costa, quien dirigió la división de refinación de Petrobras de 2004 a 2012, ha acusado a más de 40 políticos de involucramiento en un enorme ardid de sobornos.

La lista supuestamente incluye a un ministro, a tres gobernadores estatales, a seis senadores y a docenas de congresistas del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff, y varios aliados de coalición. Se dice que los beneficiarios se embolsaron 3% del valor de contratos que proveedores coludidos firmaron con la división de Petrobras de Costa, a cambio de lo cual garantizaron el apoyo al gobierno en las votaciones en el Congreso.

Señalados

Todos los mencionados en los reportes de prensa han negado vehementemente cualquier delito. Petrobras y la Policía han declinado hacer comentarios. Rousseff ha llamado a las acusaciones “impactantes”, pero insiste en que, si hubo alguna mala acción, fue en el pasado distante.

Aecio Neves, líder del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), se apresuró a apodar al escándalo el “Mensalao 2”. En el Mensalao (“Las grandes mensualidades”), un ardid que operó desde 2003 hasta que salió a la luz en 2005, el PT concertó pagos habituales para aliados en el Congreso a cambio de sus votos.

El escándalo perjudicó al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el predecesor de Rousseff, y terminó poniendo tras las rejas a algunos de los principales personajes del PT. El propio Lula salió de ese embrollo manchado personalmente, y se las ingenió para ganar una reelección al año siguiente, pero se piensa ampliamente que le costó una victoria abrumadora en la primera ronda.

Lula tuvo un año para deshacerse de la mancha, mientras que esta vez Rousseff solo tiene unas semanas hasta el día de la elección. Ya está enfrentando un duro desafío ante Marina Silva, una exministra del Medioambiente que ha ascendido en los sondeos en el último mes, desde que la muerte de Eduardo Campos, su compañero de fórmula y el candidato presidencial del Partido Socialista Brasileño, la impulsó del segundo al primer sitio en la boleta electoral.

Consecuencias

Silva habría estado en una posición aún mejor si Costa no hubiera señalado también a Campos, un exaliado del PT que era gobernador de Pernambuco cuando Petrobras decidió construir una refinería enorme en ese estado. Sin embargo, Silva misma es considerada por la mayoría de los brasileños como indiscutiblemente ética y, además de Campos --que murió el 13 de agosto en un accidente de aviación y por tanto no puede defenderse--, aparentemente ningún político vinculado con el PSB aparece en la lista de Costa.

Nadie duda de la probidad personal de Rousseff, y la denuncia de Costa, hecha a cambio de un periodo de cárcel reducido, necesitará ser corroborada. No obstante, el escándalo corre el riesgo de reavivar recuerdos de la sordidez del PT que la actual mandataria hubiera deseado dejar atrás.

No ayuda a la presidenta el hecho de que, de ser ciertos, los supuestos chanchullos en Petrobras tuvieron lugar bajo su nariz, primero como ministra de Energía de Lula y luego como presidenta del consejo de la compañía. El efecto inmediato sobre los votantes ha sido débil.

Los sondeos realizados esta semana continúan mostrando a Rousseff ligeramente adelante de Silva en la primera ronda de votación, aunque se rezaga en una segunda. Neves está en un distante tercer sitio.

Sin embargo, Costa, que ha estado testificando ante la Policía desde finales de agosto, seguirá hablando durante otras dos semanas. Una campaña marcada por las sorpresas pudiera ser sacudida de nuevo.

 

40 políticos han sido acusados de recibir sobornos de Petrobras.

 

 

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