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  • The Economist

Viridiana Ríos es una activista  de 32 años de edad que creció en los suburbios pobres de la Ciudad de México, pero no es una agitadora izquierdista. Es la directora educada en Harvard de una ONG que usa el análisis, las estadísticas y atrevidas campañas de redes sociales para exigir un Gobierno limpio. En vez de adoptar las tácticas de agitación de la calle, es parte de un movimiento de expertos de la sociedad civil que están cobrando influencia en México. Sus armas son los hechos duros y los argumentos sólidos.

“Somos la tecnocracia de la sociedad civil”, enfatizó.

En los últimos meses, después del asesinato en septiembre de 43 estudiantes en el estado sudoccidental de Guerrero y extendidas denuncias de corrupción, estas organizaciones han desarrollado su potencial. Han convencido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de ir más allá de donde él quería originalmente en una reforma constitucional para hacerle frente a la corrupción.

"Me atrevería a decir que, sin ellas, esta reforma no habría sucedido", señaló Fernando Rodríguez Doval del opositor Partido Acción Nacional, que elaboró la ley.

En abril, las ONG y grupos de análisis cabildearon exitosamente para que las leyes abrieran mayor acceso a la información gubernamental.

También lanzaron un "observatorio civil" para monitorear la construcción de un enorme aeropuerto nuevo cerca de la Ciudad de México. El Gobierno dice que costará 11,000 millones de dólares, pero no ha dicho de dónde provendrá el dinero.

Mientras tanto, una organización enfocada en la educación, Mexicanos Primero, encabezada por un miembro de una familia industrial prominente, está emprendiendo acciones legales para forzar a la Secretaría de Gobernación a no ceder ante los maestros radicales que se oponen a una amplia reforma educativa.

INTENSAS CAMPAÑAS
Los métodos de las ONG incluyen campañas de "nombrar y avergonzar" que dan buenos resultados en las redes sociales. El grupo de Ríos, México ¿Cómo Vamos?, ha diseñado un "alcoholímetro" anticorrupción. Muestra en tiempo real cuáles estados han aprobado o no la reforma anticorrupción que, por primera vez, los someterá a auditorías federales. Para mediados de abril, antes de que la aprobara el Congreso federal, 10 de los 32 estados la habían ratificado. Esto complace a Ríos.

Recientemente, dos ONG, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, crearon una plataforma llamada Tres de Tres, que alienta a los candidatos en las elecciones intermedias programadas para el 7 de junio a ir más allá de los requerimientos legales y divulgar sus propiedades, intereses y declaraciones de impuestos. El director del IMCO, Juan Pardinas, manifestó que la intención es superar la crisis de credibilidad política en México. Insta a los votantes a enviar tuits a los candidatos, prometiendo no votar por ellos a menos que ofrezcan la información. Para el 29 de abril, 100 políticos ya habían cumplido el desafío, incluyendo a nueve candidatos a gubernaturas estatales.

No ha sido fácil para las ONG alcanzar esta influencia en un país donde la élite tecnocrática se unía al Gobierno casi automáticamente. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto se apoderó de la sociedad civil. Sin embargo, su mal manejo de los esfuerzos de rescate tras el sismo de 1985 en la Ciudad de México produjo un aumento del activismo popular y grupos de la sociedad civil consiguieron más prominencia combatiendo el fraude durante las elecciones en los años 80 y los 90, hasta que el PRI finalmente perdió su dominio de 72 años del poder en 2000.

Una vez que México se volvió más democrático, las fundaciones estadounidenses que habían financiado a algunas de estas ONG se trasladaron a otras partes, indicó Shannon O'Neil del Consejo sobre Relaciones Exteriores, un grupo de análisis estadounidense. Sin embargo, en 2004, una nueva ley dio a la organizaciones civiles más acceso al apoyo gubernamental, y las autoridades fiscales lentamente han hecho más fácil hacer donaciones deducibles de impuestos. Los fondos estadounidenses han regresado con base en una estimación, los donantes como la Fundación Ford representan más de la mitad del financiamiento de grandes ONG; y las fundaciones empresariales mexicanas están desempeñando un papel pequeño pero creciente.

CRECIMIENTO
Después de un periodo de calma, las ONG crecieron de nuevo, conforme aumentaron los problemas de seguridad locales de México a fines de la década del 2000. Algunas, apoyadas por grupos empresariales mexicanos, se volvieron altamente efectivas para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con el narcotráfico en ciudades del norte, como Ciudad Juárez y Monterrey.

Sin embargo, había una división social, destacó Juan Salgado del CIDE, instituto de investigación del Gobierno. Como la delincuencia violenta afectaba tanto a ricos como a pobres, surgieron grupos bien financiados de apoyo a las víctimas y con poderosas conexiones en el Gobierno. Él llama a éstas las "ONG VIP". Las organizaciones populares contra la delincuencia tendían a ser más pobres y más ideológicas, así como a estar más enfocadas en las causas de la delincuencia y en los derechos humanos. Encuentran un eco más fuerte en las protestas callejeras que en el Gobierno.

Las organizaciones populares pueden mostrarse despectivas de sus hermanas más tecnocráticas, etiquetándolas de neoliberales y secuaces del Gobierno. En realidad, algunos de sus líderes son egresados del ITAM, una de las universidades más prestigiosas de México, que desdeña el sesgo ideológico que aflige a la mayoría de las demás. Inculca un enfoque de aprendizaje fundamentado en la evidencia que a menudo lleva a sus estudiantes, como Ríos, a universidades selectas en Estados Unidos.

Los tecnócratas tienen un pragmatismo que vuelve difícil la ubicación de su agenda. Por ejemplo, el IMCO apoya la reforma energética, como lo hacen las empresas, pero también hace campaña contra la obesidad, de la cual se culpa en parte a la industria alimentaria. Sobre corrupción y transparencia, muchas ONG se han unido. También dependen de los movimientos masivos para poner al Gobierno a la defensiva, como en las protestas callejeras del año pasado contra Peña Nieto por la muerte de los estudiantes y el papel de su esposa en un potencial escándalo de conflicto de intereses.

Esos incidentes forzaron al Gobierno a salir de su búnker, aseguró Luis Rubio, director del CIDAC, un grupo de análisis.

“Tienen un nuevo pragmatismo”, expresó. “Al final, se dieron cuenta de que necesitaban algo de legitimidad”.

Rubio añadió que la labor de las ONG no es simplemente ayudar a redactar buenas leyes, sino también asegurarse de que sean puestas en práctica. Para esto, necesitan el apoyo de las redes sociales y los medios tradicionales.

“Tenemos una voz afirmó Ríos, "pero la prensa y las redes sociales son nuestros altavoces".

No ha sido fácil para las ONG mexicanas alcanzar influencia en un país donde la élite tecnocrática se unía al Gobierno casi automáti-camente.