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  • EFE

Numerosos pueblos indígenas están haciéndose valer como aliados contra el cambio climático colocándose en la primera línea de defensa de los bosques frente a una deforestación que avanza y vulnera sus derechos.

En el oeste de Brasil, los asháninkas están reconocidos como "guardianes" de más de 87.000 hectáreas a lo largo del río Amônia y prestan servicios medioambientales.

Ese tipo de reserva indígena -en el país hay unas 600, equivalentes al 13 % del territorio- nació para "contener el avance de la ganadería", que con sus exigencias de pastos y espacio para los animales causó una fuerte deforestación en las décadas de 1970 y 1980, señaló a Efe Daniel Belik, antropólogo de la Universidad Federal brasileña de Acre.

"Los indios no solo viven allí, sino que pensaron racionalmente en gestionar ese territorio, evitar la deforestación y recuperar las áreas degradadas", aseguró el especialista, para quien "las tierras indígenas son las áreas más protegidas en términos forestales en Brasil".

En esas zonas se combinan sistemas agroforestales con trabajos de reforestación y extracción sostenible de frutos, de los que tradicionalmente han vivido las comunidades locales.

Belik alertó de "posibles retrocesos" con la llegada al poder del presidente electo, Jair Bolsonaro, que según organizaciones sociales estaría a favor de flexibilizar las licencias ambientales, paralizar las demarcaciones de tierras indígenas y reducir las áreas protegidas.

Según datos oficiales de ese país, entre agosto de 2017 y julio de 2018 la deforestación aumentó el 13,7 % en la Amazonía brasileña, que perdió 7.900 kilómetros cuadrados.

La salud del mayor pulmón verde del planeta es determinante para el estado mundial de los bosques, cuya superficie total se redujo en 129 millones de hectáreas (como el tamaño de Sudáfrica) entre 1990 y 2015, sobre todo por su conversión en terrenos agrícolas.

El relator del Foro Permanente de las Naciones Unidas para la Cuestiones Indígenas, Brian Keane, afirmó en un acto en Roma que los indígenas "tienen un importante papel en la respuesta al cambio climático preservando la integridad ecológica".

"Los territorios siguen intactos donde los indígenas los han mantenido. Es la forma más eficaz y menos costosa de mantener los ecosistemas a gran escala", añadió.

En Centroamérica, el 70 % de los bosques se halla en territorios indígenas, donde los pueblos autóctonos guardan una "profunda relación con los recursos naturales" y reclaman el cumplimiento de sus "derechos colectivos".

Así lo subrayó Tito Díaz, experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que instó a tomar en cuenta la visión de los indígenas al formular proyectos en sus zonas con el fin de evitar la deforestación y los conflictos sociales.

Muchos de esos grupos chocan con multinacionales que quieren explotar sus territorios y sufren más desigualdad, pobreza y hambre que el resto.

Una red de grupos sociales e investigadores que evalúa la Declaración de Nueva York sobre los Bosques destacó esta semana en un informe que los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen reconocidos legalmente sus derechos en solo el 15 % de la superficie forestal y manejan el 17 % del carbono almacenado en los bosques en decenas de países.

"El reconocimiento legal de sus derechos es muy importante ahora que hay más criminalización contra los indígenas, asesinatos, desplazamientos y destrucción de sus casas en nombre de una supuesta conservación", aseveró la directora para África de la ONG Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), Solange Bandiaki-Badgi.

En 2017, al menos 185 defensores de tierras y bosques fueron asesinados, además de contabilizarse otros 104 ataques, muchos de ellos contra indígenas.

A modo de protección, Bandiaki-Badgi animó a esos grupos a hacer uso de los recursos legales a su disposición para lograr "victorias" como la alcanzada el año pasado en Kenia por la comunidad Ogiek, a la que el Tribunal Africano de Derechos Humanos reconoció el derecho de permanecer en sus bosques ancestrales tras haber sido desalojados por el Gobierno.

También animó a implementar las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, adoptadas en 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.