•   Bagua, Perú  |
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El saldo de muertos por enfrentamientos entre policías e indígenas aumentó a 34 este domingo en una zona de la selva norte peruana, que está ahora bajo toque de queda y férreamente militarizada, mientras el gobierno nacional y los nativos se responsabilizan mutuamente.

“Hay 23 policías y 11 nativos muertos, eso es lo que puedo certificar oficialmente”, anunció el domingo el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, a la AFP, al dar el nuevo saldo de las 24 horas de terror vividas entre viernes y sábado en la región de Bagua, un mil kilómetros al norte de Lima. Flores Aráoz resaltó que “la cifra de policías puede aumentar porque aún hay dos o tres desaparecidos”.

Los indígenas evalúan entre 30 y 50 los civiles fallecidos por la represión policial, según dijo Shapiom Noningo, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónico. El balance oficial de víctimas hasta el sábado era de 31 muertos, de los cuales 22 eran policías y nueve civiles.

Las muertes se produjeron durante la recuperación violenta el viernes de una carretera en la selva norte de Perú, que había sido tomada por indígenas, y durante las protestas en las siguientes 24 horas, que incluyeron el secuestro de 38 policías por un millar de indígenas. De los 23 policías muertos, 16 fueron degollados y acuchillados por los indígenas, según testimonios de los policías que sobrevivieron al secuestro.

“Barbarie y salvajismo”

El presidente Alan García calificó de “barbarie y salvajismo” estas muertes, mientras decretó este domingo como día de duelo nacional, por lo que la bandera ondeaba a media asta en el Palacio Presidencial. Los acontecimientos de Bagua son los más violentos en lo que va del segundo mandato de Alan García.

García denunció que Perú está sufriendo una agresión “subversiva” contra la democracia, a la que el gobierno debe responder con “serenidad y firmeza”. “Es una agresión cuidadosamente preparada contra el Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa, y para la cual se habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas”, resumió el presidente peruano.

García señaló que “como consecuencia de su agresión irresponsable, 22 policías han sido asesinados en condiciones de salvajismo y barbarie, y con métodos idénticos a los empleados por (la guerrilla de) Sendero Luminoso, se procedió a degollar y a herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas”.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, recorrió en Bagua los hospitales, morgues, comisarías y cuarteles del Ejército para verificar en el lugar la el número de víctimas, de heridos y de detenidos. La Defensora señaló que hay 39 civiles detenidos y 153 civiles heridos y hospitalizados, de los cuales la mayoría había sido dada de alta.

En Bagua la calma retornaba gradualmente conforme pasaban las horas, producto de la militarización de la ciudad desde el sábado, cuando el gobierno decretó un toque de queda de tres de la tarde a seis de la mañana, que fue respetado sin ningún incidente, comprobó la AFP.

Este domingo había poca gente en las calles, mientras organizaciones civiles, con colaboración de la Iglesia, intentaban que 200 indígenas que se escondían en Bagua fueran llevados hacia sus lugares de origen.

El abogado a cargo del operativo, Santos Esparza, dijo a la AFP: “Estamos recogiendo a los indígenas que están escondidos en casas, atemorizados, para remitirlos a sus zonas de origen, con ayuda de la Iglesia. Hemos hablado con la Policía y ellos dicen que no va a haber problema, pero hay temor”.

En paralelo, los dirigentes amazónicos reclamaron “al Gobierno que constituya una comisión nacional de alto nivel con presencia de la Defensoría del Pueblo y de observadores internacionales, para que imparcialmente investiguen los hechos y determinen las responsabilidades”, dijo Noningo.

Noningo se presentó como el nuevo interlocutor de los dirigentes indígenas ante el gobierno, en reemplazo de Alberto Pizango, en la clandestinidad luego de que el gobierno ordenó su detención por los delitos de sedición y conspiración. Según la ministra peruana del Interior, Mercedes Cabanillas, Pizango se habría refugiado en Bolivia.