Vladimir López
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La embajada de Honduras en Nicaragua emitió una información oficial sobre la crisis política que afecta a ese país hermano, por  la decisión del gobierno de realizar una encuesta de opinión pública para consultar a la ciudadanía sobre una “Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”, que deberá realizarse por el Instituto Nacional de Estadísticas en todo el país, el próximo domingo.

De acuerdo al gobierno hondureño, a esa encuesta de opinión, se oponen “los sectores más reaccionarios del país, aliados con grupos de poder que no admiten la consulta popular y que en las últimas semanas desencadenaron una manipulada campaña de miedo contra el desarrollo de la misma, creando una situación especialmente 'difícil'".

Recuerda la misiva oficial que a raíz de la convocatoria a la encuesta, el Ministerio Público presentó una acción de nulidad ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, para que declarase nulo el decreto, el cual atendió de manera positiva.

El gobierno de Honduras señala que con esa acción, el Ministerio Público, creado como la institución encargada de ejercer la acción penal pública en defensa de la sociedad, se ha convertido en su principal opositor y cómplice de los sectores que pretenden alterar el orden institucional del país y crear las condiciones propicias de un golpe de Estado técnico.

La nota destaca que el 24 de junio de 2009, el Presidente -en uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República-, destituyó al general Romeo Vásquez Velásquez de su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo cargo debió haber cesado hace más de un año, según manda la Ley.

Dos poderes del Estado desconocen autoridad de Zelaya
Añade que ante ese acto “potestativo” del poder ejecutivo, el  Fiscal General del  Estado anunció que interpondría una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para que se declarase inconstitucional dicha destitución, a lo que en término de tres horas. la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción, con suspensión del acto reclamado, que consiste en restablecer en su cargo al General Romeo Vásquez Velásquez en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

“Los fundamentos legales se han apartado de la ley y la Constitución, creando precedentes funestos en nuestro sistema legal e inseguridad jurídica en la administración de justicia, así como una violación de la separación de Poderes  y una  evidente interferencia en las facultades del Poder Ejecutivo, por cuanto suplanta la autoridad del Señor Presidente en su condición de Comandante General de la institución armada, se queja el gobierno hondureño.

Indica que en esta misma ruta el titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti  Baín, introdujo una moción  encaminada a declarar nula la decisión del  presidente Manuel Zelaya en lo relativo a la destitución de Vásquez Velásquez, dejando en evidencia que los dos poderes del Estado han desconocido la autoridad que le confiere la ley al ciudadano Presidente de la República.

Asimismo, el gobierno de Honduras señala que “en un acto vergonzoso y fuera dentro de su ámbito de competencia”, el poder legislativo declaró “non grato”, al jefe de la Delegación de Acompañamiento enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de dar fe de la transparencia del proceso de consulta al pueblo, en quien reside el poder soberano de nuestro sistema democrático.

La nota destaca que el presidente Zelaya Rosales cuenta con el firme apoyo de las bases sociales que respaldan la propuesta del Gobierno en defensa del derecho del Soberano a ser consultado. “El Primer Ciudadano ha encabezado una marcha multitudinaria, con el fin de rescatar el material de la encuesta que el Tribunal  Supremo Electoral, mediante Resolución mandó confiscar, para evitar que se lleve a cabo la encuesta programada para celebrarse el próximo domingo; lo que el pueblo no ha permitido y que ha custodiado el Comandante de la Fuerza Aérea”