• Dic. 5, 2018, media noche

Nicaragua era un país centroamericano que había venido gozando de estabilidad monetaria y de tasas de crecimiento aceptables, superiores al crecimiento de la población, pero donde ciertos sectores señalaban que debido a los niveles de pobreza, la gran mayoría de la población “vivía día a día”, sin priorizar el desarrollo sostenible de largo plazo y donde, según otros, la institucionalidad se había venido debilitando.  A inicios del año, una reforma al sistema de seguridad social desencadenó una serie de protestas populares que habían concluido con un lamentable número de víctimas mortales y un ambiente de inestabilidad generalizada, lo que había llevado al Gobierno a llamar a un diálogo nacional, invitando a la Iglesia católica como testigo y mediador. 

Al diálogo, además del Gobierno e invitados por los mediadores, asistieron algunas agrupaciones de la “sociedad civil”, tales como representantes de estudiantes universitarios, representantes del sector campesino, representantes del sector empresarial organizado y representantes de otras organizaciones que también formaban parte de la sociedad civil, por lo que al inicio las demandas eran muchas y muy variadas, ya que iban desde reformas al estado, hasta soluciones a problemas sectoriales.

En la sesión inaugural del diálogo, trasmitida a toda la nación por todos los medios de comunicación, uno de los representantes estudiantiles le dijo al presidente de la República que esa era “una mesa de rendición” y no de negociación, que debía entregar el poder de forma inmediata, por lo que el único tema a discutir era como entregaría el poder, pero a pesar del ultimátum, 7 meses después, el conflicto continuaba.  Asimismo, en esa oportunidad el Gobierno informó que había estado en conversaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA) para mejorar los procesos electorales y que habían acordado un calendario de trabajo para avanzar en ese sentido, y que estaba dispuesto a conversar sobre todos los temas propuestos, si se levantaban los “tranques” que estaban obstaculizando la libre movilidad por el territorio nacional.  Sin embargo, algunos miembros de la sociedad civil alegaron que no los podían levantar por el momento, ya que, o no los controlaban o los mismos eran necesarios para la seguridad p
ersonal de los “autoconvocados”, que era el calificativo que recibían los manifestantes.

Inicialmente, el Gobierno, la OEA y su secretario general fueron criticados fuertemente por miembros de la sociedad civil por mantener, según ellos, este proceso “a espaldas del pueblo”, y quienes además, para continuar dialogando, demandaron la presencia de organismos internacionales de derechos humanos para investigar los sucesos ocurridos hasta esa fecha y que la Policía Nacional fuera reconcentrada en sus instalaciones.

Los mediadores propusieron la creación de varias “mesas de trabajo” para abordar los distintos temas que habían sido planteados y un calendario tentativo para que se efectuaran elecciones presidenciales “adelantas”, pero debido a las posiciones iniciales de ambas partes (según el Gobierno se enfrentaba a un intento de golpe de Estado y según los manifestantes se trataba de una revolución cívica y pacífica), el proceso de diálogo se suspendió rápidamente de forma indefinida y el Gobierno, por medio de la Policía Nacional y “policías voluntarios” eliminó los tranques, elevándose sustancialmente el número de víctimas mortales.

Luego, el planteamiento de los miembros de la sociedad civil fue cambiando y ahora demandaban “justicia para las víctimas, democracia y unas elecciones presidenciales transparentes y adelantadas” y pedían al Gobierno que regresara a la “mesa de negociaciones”.  Asimismo, durante ese período, visitaron el país funcionarios del Senado y del gobierno norteamericano, y se comentó, a través de los medios de comunicación, que en una de dichas conversaciones con estos visitantes, el presidente de la República habría dado a entender que estaba dispuesto a conversar sobre todos los temas planteados, incluyendo el de adelantar las elecciones, pero que la reacción, formal o informal, de algunos miembros de la sociedad civil había sido que ello no era aceptable y que el presidente tenía que entregar el poder de forma inmediata.

Posteriormente al ultimátum al presidente de la República, los miembros de la sociedad civil invitados al diálogo nacional empezaron a buscar aliados en la comunidad internacional, que respaldaran sus planteamientos, incluyendo al mismo secretario general de la OEA, y ahora estas alianzas empezaban a tomar forma.  Pero por otro lado, ahora el Gobierno cuestionaba la imparcialidad de algunos de los miembros de la mediación, lo cual complicaba todavía más la situación que se había planteado después de las primeras sesiones del diálogo nacional.  Ante la suspensión del diálogo, las reacciones fueron diversas, ya que aunque la mayoría creía que el Gobierno nunca había tenido la intención de negociar, algunos se preguntaban por qué entonces la sociedad civil invitada al diálogo había aceptado dialogar; mientras otros creían que el resultado se debía a la forma en que se había estructurado y conducido dicho diálogo. 

Ante la falta de éxito de este primer intento de diálogo, la economía empezó a sufrir más seriamente las consecuencias de dicha situación y los depósitos del sistema bancario continuaron reduciéndose, la actividad económica se había empezado a contraer, reduciéndose no solo la recaudación de los impuestos, que obligó al Gobierno a reducir el nivel del gasto público, sino también los niveles de empleo, especialmente en los sectores del turismo, la construcción y el comercio y de forma muy especial en los sectores de la pequeña y microempresa, ya que en casos de incertidumbre estos son los sectores inicialmente más afectados.  Pero ante las medidas económicas tomadas por el Gobierno para hacerle frente a la situación planteada, el comentario general era que mientras no se solucionara el problema político, las medidas económicas solo serían “un paliativo”.  Sin embargo y aunque la situación de inestabilidad ya llevaba varios meses, el país continuaba gozando de estabilidad monetaria, el sistema financiero funcio
naba con relativa normalidad y el nivel de reservas internacionales, si bien se había reducido, se mantenía a niveles aceptables.  Por lo tanto, si un observador independiente, con una visión constructiva analizaba la situación que enfrentaba el país, podría decir que si bien era cierto que se observaba una tendencia de claro deterioro, la situación era manejable en base a estándares internacionales. 

En consecuencia, según este observador internacional, la situación actual, no solo sería manejable, sino que rápidamente se podría iniciar un “proceso de reversión”, que no sería automático, pero que cambiaría la dirección de la tendencia actual.  Sin embargo, para ello, como lo había dicho el FMI, era necesario “restablecer la confianza de los agentes económicos” y muy recientemente la misma “Conferencia Episcopal” había exhortado al pueblo nicaragüense “a no dejarse seducir por soluciones inmediatistas”.  Pero para ello parecía necesario reiniciar el diálogo nacional con algunas modificaciones o iniciar uno completamente nuevo, donde, después de analizar, por qué el primer intento no había sido exitoso y aprendiendo de esa experiencia, todos los sectores estructuraran un proceso de diálogo que tuviera las condiciones para ser exitoso.  Y para concluir sus reflexiones, el observador se preguntaría, “si el pueblo de Nicaragua en su historia reciente había podido superar otra situación mucho más delicada, ¿por 
qué no lo podría hacer ahora? ¿Cómo resolvería usted este caso? 

nramirezs50@hotmail.com