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Aunque se ha avanzado en algunas áreas, no se está invirtiendo lo suficiente para que la niñez con discapacidad tenga acceso a la educación y se cumpla este derecho básico, además, que no se evidenció en ninguna de las escuelas supervisadas la presencia de docentes ni de personal de apoyo especializado en el lenguaje Braille y en el lenguaje de señas, esto, según el informe de fiscalización sobre los derechos de este segmento poblacional con discapacidad a la educación inclusiva.

El informe centrado en las escuelas regulares, fue presentado por Norma Moreno, Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia, y Rosa Salgado, Procuradora Especial para las Personas con Discapacidad, con el apoyo de Benjamín Phillips, Director de País de Save the Children.

Las conclusiones muestran que de un total de 77,140 estudiantes matriculados en las 90 escuelas públicas fiscalizadas, se identificó un total de 521 estudiantes con discapacidad, que representa el 1% de toda la población estudiantil. Algo que consideran es un dato muy bajo, en términos estadísticos, y pese a los retos planteados por el Ministerio de Educación, Mined, de lograr el cumplimiento del derecho de la niñez y de la adolescencia con discapacidad a la escuela inclusiva, denota que “el Estado por medio del presupuesto del Mined, no está invirtiendo sustantivamente para el cumplimiento de este derecho”.

Un dato “desalentador” para efecto del cumplimiento de la educación inclusiva, es que no se evidenció en ninguna de las escuelas la presencia de docentes ni de personal de apoyo especializado en el lenguaje Braille y en el lenguaje de señas, lo que conlleva a que la inclusión sea un proceso mucho más lento para los niños, niñas y adolescentes ciegos y sordos. Otro de los señalamientos es que se carece de una normativa que establezca los parámetros para determinar el tipo de discapacidad, y la diferenciación de las necesidades educativas.

Por otra parte, en el 79% de las escuelas fiscalizadas se apreció la existencia de barreras arquitectónicas  desde la entrada principal, lo que afecta a quienes sufren discapacidad físico motora y sensorial. “Esto evidencia que el Estado de Nicaragua continúa violentando el derecho a la accesibilidad, a la igualdad y no discriminación”, se comenta en el informe, donde se agrega que solo en Carazo y en Estelí los centros educativos permiten parcialmente el acceso sin barreras a los estudiantes con discapacidad.

Además, el 84% de los estudiantes entrevistados expresaron que no existe discriminación en las escuelas con los estudiantes con discapacidad, y solo el 16% opinó que sí existe este problema.  Sin embargo, entre la variedad de elementos que determinan la deserción escolar de los estudiantes con discapacidad, una de las principales razones es la discriminación por parte del personal docente y de los compañeros de clases; otra es la decisión de los padres, problemas de desintegración familiar e inaccesibilidad física por barreras arquitectónicas.

Benjamín Phillips, como director de Save the Children Nicaragua, indicó que hay avances, aunque todavía no son suficientes para resolver la problemática, tal como lo muestra el informe.

“No se puede decir que no existe atención para la niñez con discapacidad, pero no es el 100% de la atención que se debe. El beneficio de estas fiscalizaciones es que se especifica en qué departamentos y en qué escuelas se necesita una inversión adicional, ya sea en infraestructura o en capacitación, y enfocar el apoyo en determinadas áreas”, comentó.

Por su parte, la licenciada Salgado alegó que a pesar de los resultados, existen esfuerzos de las instancias educativas para solucionar la problemática. Dijo que comprenden que es difícil que la niñez con discapacidades severas pueda estar en las escuelas regulares, donde se encuentra maestros con 30 o 40 niños y niñas. Sin embargo, la niñez con discapacidad menos severa tiene la oportunidad de estudiar, y el Estado tiene el deber de darle la educación necesaria como un derecho básico.