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Unos 30 mil dólares o menos y, si se resiste, su propiedad será declarada de utilidad pública y no recibirá ni un centavo. Así se lo han hecho saber representantes de la Alcaldía de Managua y de la Procuraduría General de la República, al ciudadano Benicio Alejandro Ramírez, quien es el último que obstruye parte del terreno que será utilizado para la construcción del nuevo Hospital Militar.

Junto al terreno de Ramírez ya solo quedan ruinas de lo que un día fueron 22 viviendas en el barrio “Jonathan González”. Las familias, que antes residían en el lugar, fueron indemnizadas con una ínfima cantidad de dinero y trasladadas a un predio ubicado frente al complejo “Concepción Palacios”, en Rubenia.

Ramírez aseguró que está dispuesto a negociar, pero que no saldrá con una cantidad inferior a la que cuesta su propiedad, que le fue heredada por su padre y en la que habitan cinco familias (18 personas).

“A las familias que se fueron las engañaron. Les dijeron que dieran la solvencia, que (les garantizaba) que el terreno era suyo, para que pudieran tener el título de propiedad, pero semanas después les vinieron a decir que el terreno le pertenecía al Estado”, declaró el afectado.

Ramírez aseguró que no ha recibido notificación de ninguna institución respecto al caso y que se ha movilizado a la PGR y la misma comuna, pero ambas entidades se bolean y no le dan respuesta.