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Para las autoridades de las zonas rurales no son prioridad los casos de violencia contra la mujer, y se da más seguimiento a los delitos de narcotráfico y de abigeato, señala la procuradora especial de la Mujer, Débora Grandison, en la presentación del informe sobre el seguimiento a las recomendaciones de fiscalización “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delitos sexuales, Violencia Intrafamiliar o VIF, y feminicidios” en la ruta de justicia. Según los resultados del seguimiento del informe presentado en 2009, hay avances tanto en la lucha contra la VIF y los delitos contra la mujer, sin embargo, hay necesidad de mejorar el sistema en las zonas rurales, y persiste debilidad en las coordinaciones entre el Ministerio Público y jueces en relación con el trabajo que realizan las Comisarías de la Mujer, en materia de prevención de la violencia.

Sin resultados significativos
Después de dos años y medio, aún no existen resultados significativos en relación con los planes y programas de capacitación en materia de derechos humanos, dirigidos al personal de apoyo de los complejos judiciales del país.

Rivas es el único departamento cuyo personal de apoyo fue capacitado en materia de derechos humanos. Se logró constatar que Chinandega instaló e inauguró un nuevo Juzgado Segundo Local Penal, en enero de este año.

Hasta 600 casos por año
“Dentro del proceso de fiscalización no se revisaron sentencias, sino la actuación de cada una de las instituciones fiscalizadas en 2009, entre estas, las comisarías, Ministerio Público y Juzgados Penales. Estamos apuntando a que se deben profesionalizar más a todas estas instancias”, dijo la procuradora especial, mencionando que a la Procuraduría de Derechos Humanos llegan anualmente entre 500 y 600 casos.

Determinó que el 80% de los puntos recomendados a las instituciones se han cumplido. Entre estos, que las 13 comisarías cuentan con personal mínimamente calificado y con formación investigativa, también en la conformación de equipos en las comisarías de Siuna-RAAN, Matagalpa, Jinotega, Granada y Chontales, y la creación de cuatro nuevas oficinas de la Comisaría en Cua, Wiwilí, Waspam y Estelí. Otro de los cumplimientos ha sido que el Ministerio Público de Managua, Chontales y Madriz ya abrió oficinas de atención a víctimas de VIF y sexual.