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Legisladores de Centroamérica y del Caribe, se reunieron para proponer una ley que permita garantizar los derechos de las personas de la tercera edad. La propuesta surgió en el I Encuentro Regional sobre la Persona Adulto Mayor como titular de derecho, y de acuerdo con los dos diputados nicaragüenses, una eventual reforma al Seguro Social deberá estar en armonía con los derechos humanos básicos de quienes alcanzaron la “Edad de Oro”.

De acuerdo con René Núñez, Presidente de la Asamblea Nacional, lo importante de la discusión en hacer ver a la región que la sociedad y las familias tienen una responsabilidad con el adulto mayor.

“La preocupación básica es garantizar los derechos humanos de todas las personas adultas mayores. Nosotros aprobamos la Ley del Adulto Mayor el año pasado”, señaló el parlamentario.

Núñez dijo no conocer la propuesta de reforma al Seguro Social, más allá de lo publicado por los medios de comunicación, y que esperaría a leerla para “comentarla con propiedad”.

Reforma no debe contraponerse
Por su parte, el diputado Agustín Jarquín Anaya señaló que la reforma al Seguro Social se plantea porque no solamente en Nicaragua, sino en otros países, el Seguro Social está en una crisis financiera.

“La reforma tiene que apuntar a que no se afecten derechos adquiridos por los afiliados a la seguridad social, pero también que no se contraponga con el objetivo supremo del artículo 77 de la Constitución, que establece que a las personas mayores de edad se le tienen que asegurar los derechos básicos humanos”, explicó Jarquín.  

Analizando Nicaragua
Manifestó que se está analizando la situación de Nicaragua. Aspectos como el alto porcentaje de empleos informales y la gran cantidad de maestros en edad de jubilación. “Estamos hablando de la Ley General de la Educación que estamos en proceso de compatibilizar”, remarcó.

Óscar Vizcarra, representante adjunto del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Unfpa, detalló que desde 2010 hay cerca de 4 millones de adultos mayores en el mundo, cifra que en 2025 podría pasar a 6.9 millones y en 2050 a 15 millones.

Al finalizar el encuentro se realizó una propuesta a nivel del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, Fropel, que se hará llegar a los presidentes de las respectivas naciones, ya que se necesita la voluntad política de los diferentes parlamentos para que proceda un proceso de modernización,  armonización y homologación de las leyes.