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El Tercer Congreso Comunitario de la Vivienda Popular “Héroes y Mártires de Estelí”, convocado el primero de octubre para celebrar en esta pujante ciudad segoviana el Día Mundial del Hábitat, aprobó por unanimidad suscribir una carta al presidente Daniel Ortega solicitándole que destine un fondo revolvente de diez millones de dólares para financiar viviendas sociales de accesibilidad garantizada a sectores poblacionales de menores ingresos económicos.

El congreso lo convocaron el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), el Centro de Promoción del Desarrollo Local y erradicación de la pobreza (Ceprodel), la Red de Vivienda y la Central de Cooperativas de Vivienda por autoconstrucción y ayuda mutua.

Concurrieron delegaciones del movimiento comunal de varios puntos de Nicaragua, así como cooperativas de vivienda, para un histórico encuentro que culminó con la marcha multitudinaria “por el suelo urbanizable y financiamiento justo”, la cual recorrió las principales calles de “El Diamante de Las Segovias”.

Proponen ordenanza
Además de aprobar la carta al Presidente de la República, el Congreso emitió una propuesta de ordenanza municipal, y mandató que, tanto Ceprodel como el Movimiento Comunal, gestionen en todas las alcaldías del país la promulgación de esta legislación local.

De ser una realidad, la ordenanza garantizaría el acceso al suelo urbano para los pobres, mediante la creación de bancos de tierra urbanizables para proyectos de vivienda social, lo mismo que la creación en cada ciudad de una Comisión Municipal de Vivienda y Asentamientos Humanos con amplia representatividad social y gubernamental.

Otro logro de esta ordenanza sería la creación del Fondo Municipal de Vivienda con un porcentaje de las transferencias municipales del Presupuesto de la República, el cual estaría destinado fundamentalmente para la adquisición de tierras urbanizables para el ya referido banco.

Apoyo a Ley de Vivienda
Tanto la demanda al presidente Ortega para el fondo revolvente de diez millones de dólares que se dedicarían al fomento de la vivienda social, como la propuesta de la ordenanza municipal, apoyarán los esfuerzos del gobierno para afinar en mayor beneficio de los más pobres la Ley de Vivienda Social o Ley 677 del año 2009, la que, a juicio del diputado de la convergencia nacional, ingeniero Agustín Jarquín Anaya, “es la ley de mayor consenso social que alguna vez se haya aprobado en el país”.

Aprobada por el actual gobierno del presidente Ortega, al que los asistentes al Congreso y sus organizadores reconocieron como el que más ha impulsado acciones en pro de la vivienda social con sus nuevas urbanizaciones y sus “planes techo”, la ley también, a criterio de la presidenta de la Red de Vivienda y de la fundación Habitar, arquitecta Ninnete Morales, “es de retribución de la riqueza social y de restitución a los pobres de su derecho a la vivienda digna”.