Lizbeth García
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La juez Cuarto Penal de Juicio de Managua, Martha Martínez, admitió la acusación que la Fiscalía promovió en contra de dos ex funcionarios del gobierno del ex mandatario Enrique Bolaños y de otras personas, que deberán enfrentar juicio oral y público el próximo 28 de junio, por supuestamente haber defraudado al Estado y a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, hasta por un millón 355 mil 268 córdobas.

Los acusados son: Mario José Montenegro Castillo, ex presidente ejecutivo de ENEL; Juan Carlos Izaga Khun, ex gerente de sistemas aislados; Aarón Benicio Guerrero Palma, ex asistente de la presidencia ejecutiva; Rosaura del Socorro Jerez, representante de la empresa Explasa, y Álvaro José González, representante de Impelco.

Aunque la juez citó a todos los acusados para la audiencia, Montenegro no se presentó al juzgado este martes, por lo que la judicial lo convocará por segunda vez para darle a conocer la acusación y dictarle las medidas cautelares que correspondan, porque el Ministerio Público está solicitando que lo retengan en Nicaragua mientras dure el proceso, y que lo obliguen a pagar una fianza de cien mil córdobas.

La acusación fiscal explica que sin estar facultado para ello, en febrero de 2003, Juan Carlos Izaga supuestamente ordenó al ex jefe administrativo de sistemas aislados, Julio César Díaz, suscribir a nombre de ENEL un par de contratos de compra-venta de energía con Importaciones Eléctricas y Compañía Limitada, Impelco, representada por el acusado Álvaro José González.


Compraban energía de mentira
Supuestamente con la compra, ENEL iba a suplir de energía por tres meses a Siuna y San Juan del Norte por tan solo 2,500 dólares cada mes, pero “lo malo”, a juicio de la Fiscalía, es que todo se hizo al margen de la Ley de Contrataciones del Estado “porque no se aplicó ninguna modalidad de contratación”.

Pero lo más grave para la Fiscalía, es que las dos unidades eléctricas con las que Impelco supuestamente iba a vender energía, en realidad le pertenecían al mismo ENEL, que se las arrendaba a otra empresa.

“Las plantas no eran de Impelco sino del acusado Aarón Benicio Guerrero Palma”, refiere la acusación, que señala que el ex asistente ejecutivo de Montenegro supuestamente se confabuló con los otros acusados para simular un contrato de compra- venta de energía que le costó al Estado y a la empresa, 368 mil 735 córdobas.

El escrito acusatorio agrega que por orientaciones de Montenegro, el 15 de mayo de 2003, ENEL suscribió otro contrato de arrendamiento de las mismas dos unidades eléctricas con la compañía “Expertos en plantas y líneas eléctricas”, Explasa, para suplir de energía a la agencia de ENEL en Siuna.

Explasa estuvo representada en el contrato por Rosaura del Socorro Jerez, quien a su vez era empleada de Guerrero, quien junto a Izaga y González fueron conminados a presentarse periódicamente a los juzgados y pagar una fianza de 20 mil córdobas cada uno.


Las pruebas
ENEL pagó 968 mil 533 córdobas con 44 centavos por el supuesto arrendamiento de las dos unidades eléctricas, pero luego las nuevas autoridades de la empresa eléctrica descubrieron, mediante auditorías internas, que el arrendamiento no existió, porque las dos plantas le pertenecían a Guerrero Palma, quien las importó de Estados Unidos para una empresa llamada Cesmsa.

Sin embargo, la Interpol Estados Unidos envió una certificación a sus homólogos de Nicaragua diciendo que Cesmsa no estaba registrada en Estados Unidos como empresa, y que quien importó los equipos fue Guerrero, pero el almacenamiento fiscal de los mismos corrió por cuenta de ENEL, hechos sobre los cuales la Fiscalía tiene documentos que ofreció como pruebas para ir a juicio.

Además, la Fiscalía ofreció como prueba el testimonio de Frank Kelly, ex presidente ejecutivo de ENEL, la resolución de la Contraloría estableciendo responsabilidad penal contra Izaga y otros informes de auditorias.

Aunque los acusados adelantaron por medio de sus abogados que probarán su no culpabilidad en juicio, uno de ellos perdió la compostura y acusó a la juez y a la Fiscalía de ignorantes, por lo que la judicial le pidió a su defensor que le explicara que si no estaba conforme con la resolución, que apelara.