• |
  • |
  • END

La sed, la necesidad de agua potable, llevó a miles de hombres y mujeres de las zonas rurales de nuestro país a organizarse y formular proyectos para que el vital líquido llegue a sus comunidades, mediante los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).

Según registros de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA), integrada por varias organizaciones que apoyan a estos Comités, en Nicaragua existen más de 5 mil 200 CAPS que permiten aprovisionar de agua a un millón 200 mil pobladores.

Sin embargo, estos grupos no fueron contemplados ni incluidos en la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620), aprobada por la Asamblea Nacional el ocho de mayo del año pasado, ni tampoco son incluidos en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), que el gobierno ha venido difundiendo en los diferentes espacios de consulta, pese a que los CAPS llevan el servicio al 53 por ciento de la población rural.

Si tomamos como referencia el censo 2005, realizado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en las zonas rurales, de los 2 millones 266 mil 548 personas que habitan en comunidades rurales, al menos un millón 200 mil personas reciben el servicio de agua por los CAPS.

En otras palabras, de 5 millones 142 mil 98 personas que registró ese censo, por lo menos el 23.33 por ciento es abastecido por los CAPS.

La estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) asegura que abastece de agua potable a un 55 por ciento de la población nicaragüense, y si tomamos como referencia las estadísticas del INEC sin incluir el crecimiento demográfico hasta la fecha, eso quiere decir que Enacal proporciona el servicio a por lo menos 2 millones 828 mil 154 personas a través de 448 mil 283 clientes.

Excluidos del PNDH
El PNDH dedica seis páginas al tema del agua potable y saneamiento, pero en ninguna parte del documento menciona a los CAPS. Entre los principales lineamientos que el gobierno impulsará será fortalecer la regulación, movilizar recursos de cooperación, incentivar la responsabilidad ciudadana y empresarial, estimular la sostenibilidad social, ambiental y financiera de Enacal, entre otros.

Sin embargo, en ninguna parte se precisa cuáles son los procedimientos por los cuales logrará el gobierno cumplir dichos lineamientos, aunque deja claro que parte de los problemas serán solucionados al incorporar la política del “Poder Ciudadano, desarrollo humano, gestión ambiental, enfoque de género e inclusión social y fortalecimiento institucional”.

CAPS demandan ser reconocidos
Los CAPS han impulsado con el apoyo del CODA una iniciativa de Ley denominada “Ley Especial de Comités de Agua y Saneamiento (CAPS)”, la cual fue introducida a la primera secretaría de la Asamblea Nacional en octubre del año pasado por los diputados sandinistas Filiberto Rodríguez López, Odel Incer Barquero, Jenny Martínez Gómez, José Martínez y Nasser Silwany Báez; pero hasta el momento ha permanecido “engavetada”.

Algunos de los fundamentos presentados en dicha iniciativa se basan en los artículos 60, 102 y 105 de la Constitución Política, donde se establece que los nicaragüenses tienen derechos “de habitar en un ambiente saludable”, que “los recursos naturales son patrimonio nacional” y que “es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos”.

En el anteproyecto de ley, los CAPS básicamente demandan ser reconocidos legalmente pues muchos de ellos existen desde hace más de 30 años y no cuentan con concesiones para operar los servicios ni aplicar tarifas, las cuales son dirigidas a operar los sistemas de agua. Tampoco pueden optar a créditos y en muchos de los casos se ven limitados a recibir apoyo financiero tanto de organismos internacionales como del propio gobierno.

Exigen autonomía
Otras de las demandas de los CAPS es tener su propia autonomía, pues han demostrado beligerancia en las gestiones relacionadas a los temas de servicios del vital líquido, gracias al apoyo de organizaciones civiles como la Organización para el Desarrollo Rural (Odesar), la cual capacita en materia legislativa, ambiental, técnica y de creación de proyectos a la Red de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Muy Muy, del departamento de Matagalpa.

Esperanza Soza, presidenta de esa Red y coordinadora del CAPS de la comunidad El Chompipe, de Muy Muy, explica que con el apoyo de Odesar y en algún momento de la alcaldía, se logró crear una red que aglutina a 36 CAPS en igual cantidad de comunidades, sin embargo, recuerda que en total son 48 comunidades, por lo que todavía hace falta que se formen Comités en otras 12 comunidades.

En una visita que realizaron varios periodistas a Muy Muy, organizado por el CODA y coordinado por el organismo no gubernamental Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (Simas), Soza expuso que fueron electos para ocupar esos cargos dentro de la Red por los mismo pobladores.

Explicó que ocupan esos cargos por dos años, contados a partir del 18 de marzo pasado. El propósito fundamental es continuar la labor de gestionar los proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento, de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente.

Despales provocan sed en Matagalpa
Según otros miembros de esa Red, hay altos funcionarios públicos que han realizado grandes despales en la zona, lo que ha degenerado en que muchas fuentes de agua estén en agonía, o en el peor de los casos, se sequen. A manera de ejemplo, mencionaron al secretario político del FSLN en esa localidad, Julio Aguilar Ochoa, quien se encuentra en manos de las autoridades del Instituto Nacional Forestal (Inafor).

“Nacimos por un problema ambiental causado por pequeños y medianos productores de café y ganadería que han venido despalando los bosques… y nosotros queremos defender la defensa de las fuentes de aguas, y por eso se creó una red CAPS en los municipios de Muy Muy, San Dionisio, San Ramón y Esquipulas”, agregó Soza.

Precisó que en esos cuatro municipios el número de CAPS asciende a 178, quienes trabajan sin ningún distingo político, social o religioso, sino por la necesidad del acceso al vital líquido y su conservación. “Por eso con la alcaldía estamos creando viveros municipales, para sembrar árboles en las comunidades”, dijo Soza.

Arsénico contamina aguas de León Norte
Los problemas que enfrentan los CAPS son diversos. Mientras en Matagalpa las fuentes de aguas se ven amenazadas por los despales, en la zona norte de León el problema radica en la contaminación por arsénico, que es una sustancia tóxica que se encuentra en zonas minerales, como por ejemplo en la comarca Mina La India, del municipio de Santa Rosa del Peñón, en León.

Según los miembros del CAPS de Mina La India, debido a que muchos pozos están contaminados con arsénico ahora están construyendo un sistema que les permita traer el agua de un pozo de la comarca “El Cacao”, a unos cinco kilómetros de distancia, pues aunque esa fuente de agua tiene también arsénico, en este caso no excede los 10 microgramos por cada litro, que es el rango máximo para poder consumirlo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según los reportes del centro de salud ubicado en la Mina La India, al menos el 45 por ciento de las personas que son atendidas en este lugar, presentan síntomas de enfermedades causadas por el arsénico. Los síntomas se muestran en la piel, problemas intestinales, respiratorios y otras enfermedades crónicas que incluyen el cáncer.

Abundancia de agua en Estelí
A diferencia de León y las zonas mencionadas de Matagalpa, en la comunidad de El Regadío, en Estelí, existen más de 20 fuentes de agua, pero la mayoría está en manos de privados. Aun así, hay tres que abastecen mediante sistema de gravedad a más de 300 familias y permiten el riego de cultivos a más de 40 manzanas de tierra.

Augusto Castillo Obregón, coordinador del CAPS de El Regadío, comentó que eso permite cultivar unas 40 manzanas de tabaco, hortalizas, granos básicos, áreas de pastos, entre otros.

Plan de gestión ambiental
La alcaldía de Estelí aplicará un plan de gestión ambiental integrado que incluye la constante reforestación de las zonas donde están las fuentes de agua, el saneamiento, la conservación de las áreas protegidas y hasta un servicio por pagos ambientales, impulsado por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), que es apoyado por con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Elvira Lanuza, funcionaria de la Alcaldía de Estelí, explicó que este proyecto, valorado en unos 338 mil dólares, permitirá el desarrollo sostenible de los recursos naturales en la zona de la reserva natural El Tisey-La Estancuela y en la comunidad de El Regadío. Además, permitirá promover una política de agua de calidad para los usuarios, no sólo para los CAPS, sino también para los clientes de Enacal en Estelí.

Por eso, dicho programa contempla el trabajo en conjunto de los proveedores de agua, que en su mayoría son hombres y mujeres del campo dueños de las tierras, quienes están en zonas conocidas como de recarga.

El 23 y 24 de julio, decenas de líderes de los CAPS sostendrán una reunión en el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), apoyados por el CODA, para construir e implementar acciones en función de insistir en la pronta aprobación del anteproyecto de ley introducido en la Asamblea Nacional, estrategias sobre cómo conservar el medio ambiente, entre otros programas y proyectos que garanticen el acceso al vital líquido y evitar cualquier tipo de privatización en el futuro.

Vale señalar que las organizaciones que integran al CODA son: Acción Conjunta de Iglesias (ACT por sus siglas en inglés), Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, Asociación Hijas e Hijos del Maíz, Centro Alexander Von Humboldt, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Además, el Comité de Acción Global, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE), Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (Lideconic), Mesa de Productores del Norte (Mepronorte) y el Servicio de Información Mesoamericano sobre la Agricultura Sostenible (Simas).