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Definir de una vez por todas el límite de las playas públicas y de las propiedades privadas, es lo que buscan las municipalidades que tienen costas en el mar, a través de un estudio cuyo financiamiento está siendo solicitado a la Asamblea Nacional.

Más de dos años después de haber sido aprobada la Ley de Desarrollo de las Zonas Costeras, muchas playas siguen siendo vigiladas, incluso por hombres armados, para impedir el libre acceso de los ciudadanos a estas zonas públicas.

Autoridades municipales y delegados del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, y del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, constataron in situ la existencia de muchas playas “privatizadas”, y por ello se está solicitando la aprobación de un fondo para ejecutar un estudio que defina los límites costeros públicos y las áreas de construcción.

Los alcaldes pidieron al presidente de la Comisión de Población y Municipios, diputado Agustín Jarquín, que solicite una partida de 6.5 millones de córdobas para el estudio que defina línea entre lo público y lo privado.

Una comunicación que Jarquín hizo llegar a su colega parlamentario Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, refiere que el fondo estaría siendo canalizado por el grupo específico encargado del desarrollo de las costas.


Delimitación agilizaría desarrollos turísticos
“El Ineter, en coordinación con las municipalidades correspondientes realice la delimitación de la Línea de Marea Máxima Promedio… a partir de la cual se definen las zonas de uso público (50 metros) y de usos restringidos (150 metros)”, detalla el comunicado.

La falta de delimitación entre la zona pública y privada, ha provocado cierta lentitud en los proyectos de desarrollos turísticos en las zonas costeras del país, y para intentar mejorar la situación, el titular del Intur, Mario Salinas, había solicitado al Ministerio de Hacienda una partida de un 1.6 millones de córdobas para realizar acciones entre los meses de octubre y diciembre de este año. No obstante, dicha solicitud no tuvo respuesta, por lo que ahora los alcaldes piden los 6.5 millones de córdobas para realizar un estudio en 2012.

Los ambientalistas han explicado que las zonas costeras son frágiles, y que la Ley de Zonas Costeras no está siendo aplicada correctamente, ya que además de haber propiedades privadas muy cerca del mar, en muchas áreas ubicadas en Chinandega se está cultivando ajonjolí y maní, y los pesticidas están cayendo directamente en el manto acuífero.  

 

Falta ordenamiento
 “Los planes de desarrollo son administrados por las alcaldías, pero aún falta ordenar las zonas costeras, aun cuando la Ley ya lo estipula, y se aprobó el  4 de junio de 2009”, indicó el diputado Jarquín, señalando que han constatado que se están desarrollando inversiones que causan serios daños al medioambiente.

Los mismos problemas se registran en la mayor parte de las costas de playa de Rivas, Padre Ramos y Punta Venecia.

Jarquín indicó que en este proceso de protección del área costera le solicitarán al Magfor la revisión de las zonas de cultivo.

El parlamentario reconoció que de momento los esfuerzos para hacer cumplir la Ley están centrados en las costas del Pacífico, y que se ha trabajado muy poco en el litoral Atlántico.