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Los principales dirigentes de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS, a nivel nacional, manifestaron ayer que el proceso de legalización de estos organismos todavía es lento, y que esto les trae dificultades para la gestión de recursos financieros para la ejecución de pequeños proyectos de agua potable en zonas rurales donde no hay servicio.

En conferencia de prensa, los representantes de los CAPS, manifestaron que la mayoría de  los comités siguen sin obtener su personería jurídica, que sería la licencia que les daría la oportunidad de gestionar con organismos cooperantes recursos para construir más acueductos rurales.

Hace un año fue aprobada en la Asamblea Nacional, la Ley Especial de los CAPS, que por primera vez permitiría a estos organismos constituirse como organizaciones con personería jurídica.  Dicha Ley los reconoce como organizaciones, mediante un marco legal que les permitirá un mejor funcionamiento a nivel nacional, dotándolos de estatutos para conformar una directiva nacional.

Elmer Armando Rojas, representante de los CAPS a nivel nacional, explicó que el proceso de legalización de los Comités de Agua debería ser más rápido, sobre todo cuando ya pasó un año de publicada la Ley.

Pocos están legalizados
Señaló que de un total de tres mil de estas organizaciones, solamente se han emitido 250 formas de legalización y apenas se han aprobado 100 de estas.

De acuerdo a la Ley de los CAPS, corresponde al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA, ser la instancia que regule el funcionamiento de los mismos nivel nacional.

Rojas dijo que esta institución ha venido trabajando lentamente, y eso les preocupa porque está dejando a los CAPS sin beneficios que les reconoce la misma Ley, como gozar de exoneraciones fiscales y de una tarifa de energía con descuentos especiales.

“Uno de los retos que se nos presenta hacer este año, es la movilización a nivel nacional, y así llamar a todos los CAPS para que exijan se apresure su proceso de certificación y legalización. Los gobiernos municipales y el propio INAA son los responsables de que este proceso proceda con la agilidad pertinente. No es posible que en las alcaldías de muchos municipios no se hayan abierto las unidades técnicas de los CAPS, cuando es prioridad”, señaló.

Francisco Alberto López, otro de los representantes de los CAPS, destacó también que están trabajando en la ejecución de proyectos, como la reforestación y seminarios de sensibilización en todas las comunidades rurales.

“El trabajo es constante y ahorita lo que necesitamos es que los procesos de legalización de los CAPS sean más rápidos, para contar con los suficientes recursos económicos que nos permita ejecutar proyectos para proteger el medio ambiente y fuentes hídricas también”, agregó.

Leonel Calero, vocal nacional de los CAPS, dijo que ésta denuncia la estarán haciendo pública y que estarán promoviendo una movilización en las próximas semanas, para exigir a las autoridades de gobierno su proceso de legalización.