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Aunque la gestión anual de la Alcaldía de Managua estuvo lleno de exclusiones de procedimientos, reformas al presupuesto y juicios a concejales, durante la última sesión municipal del año, las distintas comisiones presentaron un informe “pulcro”, en el que aseguran fue uno de los mejores años de la municipalidad capitalina, tanto a nivel administrativo como de ejecución.

Uno de los principales logros que destacó la alcaldesa Daysi Torres, fue el mejoramiento vial de la capital, cuya red es de un poco más de 1,600 kilómetros.

La funcionaria aseguró, que además de mejorar las calles principales, hubo un avance en la reparación de las calles de tierra y en las obras de mitigación contra las inundaciones, datos que fueron puestos en duda por los concejales opositores, pues aducen que la capital enfrenta peores daños en cada invierno.

En 2010, la municipalidad ejecutó con fondos propios y de transferencia, la reparación de un poco más de 110 kilómetros de calles, ahora según el informe presentado, más de 230 kilómetros ya están en buen estado.

Dicho informe menciona que se atendieron 360 mil 105 metros de calles (4,502 cuadras), todo con un costo de 135 millones 318 mil 223 córdobas.

Unos 17,220 metros de longitud se mejoraron con carpeta asfáltica y 5,668 metros en adoquinado, con una inversión de 28 millones 784 mil 530 córdobas, las reparaciones de vías centrales, según detalla el informe, se dio en el marco del proyecto Calles para el Pueblo.

Los concejales opositores criticaron la forma en que se ejecutaron estas obras, debido a que provocaron caos vehicular en la capital por el cierre simultáneo de varias vías importantes.

Otras áreas que contaron con una importante partida presupuestaria para su ejecución fue la ampliación de la red vial con más de 69 millones de córdobas en inversión y el  mantenimiento de las calles no revestidas con 36 millones 555 mil 696 córdobas.

Del total de 145 proyectos que la municipalidad tenía planeado ejecutar, apenas 100 se finalizaron y 45 están a “medias”, la inversión en lo ejecutado supera los 330 millones de córdobas.

Albergues siguen abiertos
Aunque las lluvias de este año no fueron tan copiosas, los daños no faltaron, varios albergues que habían quedado vacíos volvieron a llenarse, actualmente un poco más de 600 familias se encuentran en siete refugios en la capital.

El lago de Managua no alcanzó el nivel de 42.76 msnm obtenido en 2010, pero obligó a que se evacuaran decenas de familias y nuevas zonas fueron declaradas como no habitables.

Para el concejal opositor Leonel Teller, el 2012 “es un tercer año de fracasos. Hay proyectos que no se pudieron ejecutar por la falta de capacidad y la calidad de inversión que se ha hecho es muy mala. En infraestructura pluvial la inversión es poca, Managua se inunda en 8 minutos”, precisó.

 

Problemas sin resolver

Uno de los problemas sin resolver por la municipalidad capitalina en 2011, fue la titularidad de la Corporación Municipal de Mercados de Managua, Commema, que quedó descabezada este año con la salida de Alcides Altamirano.

El eterno problema con los espacios en el mercado “Iván Montenegro”, aparentemente, fue la causa de la salida de Altamirano, de Commema, dependencia que actualmente solo cuenta con una directora interina.

Por otra parte, a la última sesión municipal también se presentaron decenas de taxistas que una vez más pedían a las autoridades, la salida definitiva de Francisco Alvarado, de la Dirección del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, debido a supuestos actos de corrupción que perjudican al sector.


Juicios y corrupción

La municipalidad capitalina cierra el 2011 bajo la sombra de un sonado caso de corrupción, que luego se transformó en una acusación por injurias y calumnias contra los concejales opositores Luciano García y Leonel Teller.

Ambos fueron acusados por las autoridades municipales, luego que denunciaran una serie de anomalías en la comuna, relacionadas principalmente con el desfalco de 3.5 millones de córdobas a través de 31 cheques, en un caso por el que solo fueron condenados dos funcionarios de rango menor.

Los funcionarios opositores, uno condenado y el otro con un proceso judicial pendiente, catalogaron la acción como política, pues lo que pedían era ampliar las investigaciones hacia otros altos funcionarios que tuvieron relación con los cheques.