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Organizaciones de derechos humanos lamentan que tan solo el 15 por ciento de los adultos mayores del país reciban una pensión del Seguro Social, porque representa una seria deficiencia en la obligación constitucional del Estado en cuanto a cobertura de protección social.

Denis Darce, Director de formulación de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señaló que la cantidad de personas que cotizan refleja el nivel de trabajo formal en el país, tema en el que Nicaragua tiene serias deficiencias.

Si bien se habla de un crecimiento en plazas de trabajo, eso no necesariamente se traduce en mayor cantidad de cotizantes, agregó.

Explica que entre los razonamientos de este bajo nivel de pensionados está el hecho de que no necesariamente las empresas o los empleadores, afilian a sus trabajadores al Instituto de Seguridad Social, y si lo hacen, un porcentaje no entera las cotizaciones, reduciendo las posibilidades de que un trabajador en el futuro alcance las 750 semanas establecidas para jubilarse.

Por otra parte, muchos de los trabajos creados están principalmente en el sector informal o independiente, que en Nicaragua representa el 77.4  por ciento de la población económicamente activa, según el Banco Central. Esto significa que ese porcentaje no está cotizando.

Por otra parte, Darce dijo que la mayor parte de ese 15 por ciento que recibe una pensión no tiene resueltas sus necesidades básicas.

La canasta básica tiene un costo aproximado de 9 mil córdobas, un ingreso que difícilmente puede tener un adulto mayor pensionado y se calcula que 200 mil de ellos siguen siendo jefes de hogar.

Darce agregó que el año pasado se marcó un mal precedente con la propuesta de reforma a la seguridad social, que calificó de retroceso si es aprobada este año, pues la edad de jubilación pasaría de los 60 a los 65 años, reduciendo el tiempo de beneficio para el asegurado, cuya esperanza de vida es de 74 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La ampliación de la edad de jubilación viene además acompañada por la duplicación de semanas de cotización, que pasarían de las 750 actuales a las 1,500 semanas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señala esto como negativo, dado que la cantidad de asegurados que llegan a cumplir las 750 semanas, por ahora ya es muy bajo.

La doctora Vilma Núñez, Directora del Cenidh, rechazó este tipo de reforma que considera no abona al cumplimiento de la obligación estatal de la seguridad social.

“A esto se agrega que el Instituto de Seguridad Social, por todos los gobiernos se ha utilizado como caja chica, llevando al deterioro de los fondos de pensiones y la posibilidad de quiebra de la institución”, agregó.

Señaló que existen una serie de elementos por los cuales el Estado no está cumpliendo con su deber constitucional de cara a la seguridad social, que incluyen los préstamos de las arcas del INSS para proyectos, incluso de empresas privadas.

A juicio de Núñez, se necesitan alternativas para incrementar esta cobertura, afiliando a más cotizantes, así como mayores controles del Ministerio del Trabajo ante las empresas, sus contrataciones y la entrega de las cotizaciones.