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El “desamparo” de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, es el “regalo” que jamás se imaginaron recibir en Navidad tres exfuncionarios públicos, quienes recurrieron de amparo contra resoluciones de la Contraloría General de la República, CGR, que los sancionó con responsabilidades administrativas.

Entre los exfuncionarios de la administración Bolaños a los que la CSJ manda a pagar las sanciones, sobresale Alejandro Fiallos Navarro, expresidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Inifom.

Los otros exfuncionarios del expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que deberán pagar las sanciones administrativas son: Ricardo Vega Jackson, exdirector de Aduanas, y Eduardo Paniagua Benavides, exanalista de exoneraciones en el Ministerio de Industria y Comercio, Mific.

“La CGR está facultada para establecer responsabilidades administrativas e imponer multas a los funcionarios que indebidamente suscriben contratos en nombre del Estado sin cumplir con los procedimientos legales”,  establecen las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Cada caso
Ricardo Vega Jackson deberá restituir a las arcas del Estado 560 mil córdobas, por haber autorizado en 2003 la contratación directa de los servicios de una empresa de vigilancia, cuando debió hacer una licitación restringida.

Alejandro Fiallos, en 2004, siendo Presidente Ejecutivo de Inifom, hizo compras sin previa cotización y sin existir exclusión de procedimiento para la misma hasta por un monto de 370 mil córdobas.
Eduardo Paniagua, exanalista del Mific, deberá restituir al Estado, un total de 960 mil córdobas por haber ordenado a favor de las empresas Meco y Santa Fe de Nicaragua, una exoneración de combustible sin cumplir con los procedimientos legales.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, en una nota de prensa anunció que en enero procederá a realizar los cobros correspondientes a los tres exfuncionarios públicos de la era Bolaños.