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Para el doctor Wálmaro Gutiérrez, la aprobación y aplicación de la Ley de Vivienda Digna “es una carrera contra el déficit habitacional de Nicaragua”, donde las familias nuevas surgen a un ritmo de 30 mil por año, en tanto que 900 mil familias necesitan soluciones habitacionales que van desde medio millón de casas nuevas, hasta otros cientos de miles que necesitan remodelación, reparación o reconstrucción total.

Aunque el proyecto de ley sigue pendiente de dictamen en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, hay tres razones de peso para que este diputado del FSLN y miembro de la Comisión Económica del Parlamento le brinde interesado seguimiento y dinámica promoción.

Primero, por su declarada sensibilidad social; segundo, porque la nueva legislación tendrá grandes repercusiones económicas y financieras para el país, y tercero, porque los gestores de la ley -–la Red de Vivienda y el Movimiento Comunal-- establecieron con Wálmaro una especie de compadrazgo para que apadrinara a la criatura jurídica desde los días aquellos en que su concepción era apenas un sueño.

En ese carácter, auscultamos la opinión del diputado Gutiérrez sobre el contenido general y los aspectos novedosos de la futura ley, las expectativas que despierta entre los más pobres, las críticas y ataques que ha estado recibiendo, y la posibilidad real de que exista a corto plazo.

¿Quién garantiza que funcionará?
¿Por qué la Ley de Vivienda Digna, y cuál es la garantía de que no será otro papel mojado, o más bien, de qué manera ayudará a resolver el drama habitacional de los más pobres?
La ley incidirá positivamente sobre el índice actual de hacinamiento, y resolvería la incapacidad actual de la banca nacional para ser agente del crédito inmobiliario al servicio de los sectores más vulnerables de la población. Algunos de estos sectores son totalmente incapaces de pagar un crédito, por lo que la ley asigna al Estado la obligación de dar, o bien de apoyar, todo esfuerzo para que tengan una vivienda totalmente subsidiada, ya que como nicaragüenses, la Constitución les da ese derecho.

Pero para aquellos sectores pobres que puedan pagar, aunque sea algo, la futura ley abriría la posibilidad de conseguirles recursos como máximo al seis por ciento de interés y como mínimo a 25 años de plazo. La banca no solamente tendrá por ley la obligación de financiar viviendas de interés social, sino que también será estimulada para que reduzca su crédito de consumo y lo reoriente hacia la producción, en este caso, a la producción habitacional.

¿Pero cómo es que los banqueros van a distraer parte de sus recursos del jugoso crédito especulativo de consumo para reorientarlos hacia el aparentemente menos lucrativo sector social, en este caso, la vivienda de los pobres?
Esto será posible básicamente mediante el subsidio a la tasa de interés para créditos de vivienda social, la deducción de cuotas de la planilla laboral y la creación del Fondo de Hipotecas Aseguradas, donde el Estado se vuelve fiador y pagador solidario de créditos insolventes o declarados vencidos.

¿No significa esto que los banqueros van a ser los grandes convidados a un festín pretendidamente socio-popular, y que la ley se está haciendo a la medida de los bancos comerciales?
De ninguna manera. Los bancos obtendrán beneficios económicos porque esa es su razón de ser, pero para efectos de la ley sólo son vehículos para llevar el crédito habitacional hacia los pobres. En primer lugar, el subsidio estatal para reducir las tasas de interés, y el fondo de hipotecas aseguradas, sólo funcionarán para viviendas de interés social, y nada para casas en Las Colinas o Los Altos de Santo Domingo, por ejemplo.

En segundo lugar, el aseguramiento estatal de estas hipotecas está concebido como una garantía adicional que, junto al subsidio y la deducción patronal de cuotas o descuento automático de planillas, como lo llama la ley, disminuye la tasa de interés bancario al reducir los riesgos.

Todo suena bonito: se alargan los plazos, se encogen las tasas de interés, pero... ¿qué hay de la tierra urbana y cómo enfrentar la carencia y la especulación con la misma?
La misma ley prevé crear bancos de tierra urbanizables con los gobiernos municipales, y también otras disposiciones sobre terrenos ociosos que están sujetas a discusión democrática y con amplia participación en el pleno de la Asamblea Nacional.

Lo de tierra con vocación urbanizable se refiere a que la ley quiere dignificar la forma de vivir de los nicaragüenses pobres. Casas de 32 a 60 metros cuadrados, según el caso, pero con servicios básicos de agua, luz, alcantarillado, transporte, educación, salud, comercio y acceso al empleo. Pero debo aclarar que es falso que esta futura ley esté interesada en intervenir la propiedad privada, ni que sea creadora de impuestos especiales.

Fortalecer el Invur
¿Qué hay sobre las críticas de hegemonización del Invur con facultades invasivas de otros ministerios?
En realidad sólo se trata de fortalecer al Invur y de facultarlo como ente regulador de la vivienda en Nicaragua, despojándolo de la visión miope que heredamos, según la cual el Invur sólo ha sido canalizador de subsidios y regalías que al final se acaban, y el problema queda intacto. Ahora sería un efectivo canalizador de financiamiento, a través del sistema financiero nacional, hacia agentes constructores de viviendas de interés social, sean éstos empresas urbanizadoras, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, alcaldías y otros.

¿Podría señalar otras acciones previstas en la ley mediante las cuales se facilite la construcción de viviendas de interés social?
Hay varios ejemplos, pero acaso el más ilustrativo sea el de la creación en el Invur y las alcaldías del país de Ventanillas de Trámites de Construcción de Viviendas, a las cuales tengan que acudir todas las instancias del Estado que ofrezcan servicios de permisos, como Enacal, la empresa eléctrica, catastro, el Marena y otras, con el fin de resolver los trámites en un solo lugar, para reducir drásticamente de 18 a solamente tres meses o menos el tiempo de tramitología, con lo cual se ahorra dinero, ya que actualmente un proyecto habitacional diseñado para costar un millón de dólares, 18 meses después, cuando al fin logra obtener todos los permisos, ya cuesta millón y medio de dólares por la inflación de salarios y materiales. Con eso, por supuesto, aumenta el riesgo de que el proyecto caiga en inviabilidad, y que al final no se realice.

Compromiso de Ortega
Se dice que el presidente Daniel Ortega ha asumido compromisos personales con esta nueva ley, y usted mismo lo afirmó antes de esta entrevista, entonces, ¿cómo se manifiesta ese compromiso?
Bueno, debo decir que la misma propuesta de subsidio al interés bancario para los pobres que obtengan créditos habitacionales es un aporte personal y oficial del presidente Ortega al enriquecimiento de la propuesta de ley, que si se aprueba como está planteada, ese subsidio representará un costo fiscal de 3.4 millones de dólares solamente durante el primer año de vigencia de la ley, y proyectado para los próximos diez años, el subsidio ascenderá a 140 millones de dólares. Adicionalmente, el Presidente aceptó la invitación que le hizo la Comisión de Infraestructura de la Asamblea para conocer sus planteamientos y aportes este martes siete de octubre (mañana), ocasión en que también intercambiará criterios con otras comisiones parlamentarias y agentes productores de viviendas en Nicaragua.

¿Qué garantía existe de que esta ley será aprobada si la bancada del FSLN en sí misma no es mayoría en la Asamblea?
La garantía es que este tema es de interés nacional. La pobreza y la falta de vivienda son agudas, no tienen colores políticos, y estamos seguros de que todas las bancadas acogerán esta ley sin distingos partidarios y sin cálculos políticos.

¿En cuánto tiempo entraría en vigencia esta ley una vez aprobada, tomando en cuenta que tiene que ver con aspectos económicos y estructurales?
Si es aprobada este año, su ejecución empieza el año que viene. No puede ser de otra manera, porque es sólo una carrera contra el tiempo. Es también una carrera contra el déficit habitacional.

Wálmaro: “Es normal que haya grupos que no simpaticen”

“Sociedad civil somos todos y ya estamos convocados”

Y ahora la pregunta del apretón de manos, del hasta luego. Al gobierno se le atribuye recientes acciones y declaraciones hostiles contra la sociedad civil, y entre ella, los ONG. Sin embargo, el primer grito de esta ley sonó desde la sociedad civil, es decir, desde la Red de Vivienda y el Movimiento Comunal. ¿Cómo explica usted la aparente contradicción de que el gobierno se esté sumando a un esfuerzo de la sociedad civil, y a su juicio, cuál es el rol que el gobierno espera de ella?
En primer lugar, la sociedad civil somos todos, y no sólo unas cuantas organizaciones. Que haya grupos que no simpatizan con el gobierno, es normal, pero también hay otros sectores que fortalecen y apoyan la gestión del gobierno, el que además, está claro de que este problema no lo puede resolver él solo. Entonces, no se trata de lo que el gobierno espera de los grupos sociales que lo adversan, sino de que frente a éste y otros grandes problemas nacionales, tienen que participar todos los sectores: cooperativas, trabajadores organizados, banqueros, partidos y demás entidades sociales.

“Porque el gobierno” –-concluyó el diputado Wálmaro Gutiérrez-- “lejos de estar interesado en confrontaciones sociales, hace un llamado a todos para que se unan a resolver el problema habitacional de este país”.