Oliver Gómez
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Los directivos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) siguen incurriendo en ilegalidad al esconder información de las empresas operadoras de telecomunicaciones que regula en el mercado nicaragüense, lo que perjudica a los usuarios de estos servicios. Esta vez, el presidente ejecutivo de dicho ente regulador, Orlando José Castillo, se niega a revelar documentos públicos a la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC).

Desde septiembre pasado, Gonzalo Salgado Soza, Coordinador de la Red de Consumidores, solicitó a este funcionario copia del Código de Prácticas Comerciales de cuatro empresas que ofrecen servicios de telefonía celular y televisión por suscripción (o por cable).

Le pide la documentación respectiva de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), la operadora exclusiva de telefonía fija o básica. También de Telefónica Movistar, que opera telefonía celular. Además, el mismo documento de Estaciones Terrenas de Satélite S.A. (Estesa) y de la otra operadora de televisión por cable, Sky.

Salgado le recuerda que, conforme el artículo 41 del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (número 200), “todos los titulares de concesiones deben de tener aprobado por Telcor sus Códigos de Prácticas Comerciales relativos”.

“Esta solicitud nos parece importante ya que nos ayudará en conjunto con Telcor a mejorar la atención a los usuarios de los distintos servicios de telecomunicaciones, y así poder cohesionar nuestro trabajo y monitorear si las empresas están actuando en el rango de la Ley para beneficio de la población consumidora”, agrega el coordinador del organismo.

El artículo 41 del reglamento de la ley mencionada, reza: “Los titulares de concesiones (empresas) deberán someter a Telcor la aprobación de un código de prácticas comerciales para sus relaciones con los usuarios, el cual deberá estar a disposición del público y servir de guía a usuarios y empleados respecto de cualquier disputa o queja relacionada con la provisión de servicios. Este código se revisará cada tres años”.

Los miembros de la RNDC consideran de “vital importancia” este documento, pues permitiría a cada uno de los usuarios de la telefonía conocer cómo le están cobrando los minutos de tiempo aire en su celular, además de determinar qué tarifa le aplican.

Entre las preguntas que buscan respuestas mediante estos documentos solicitados se encuentran: ¿a qué se debe la pésima calidad en la telefonía básica, celular y televisión por cable? ¿Cuántos robos de celulares se han reportado y cuántos ha investigado Telcor y la empresa? ¿Cuántos reclamos y respuestas se reportan en contra y a favor de los operadores? ¿Por qué Estesa sigue cobrando por adelantado?
Los miembros de la Red de Consumidores no descartan llevar el caso hasta la Asamblea Nacional para que los directivos de Telcor sean interpelados ante los diputados y respondan a qué se debe tanto secretismo con documentos públicos, “los que son propiedad del Estado, de los nicaragüenses. Estamos pidiendo información que es nuestra y ellos están puestos allí para servirnos, como servidores públicos”, dijeron.

Los directivos de Telcor ya habían violado la Ley de Acceso a la Información Pública (número 621) desde septiembre pasado, cuando EL NUEVO DIARIO le presentó una solicitud de copia de varios documentos que hasta ahora se han negado a revelar. Ahora viola su propio marco legal, el reglamento de la máxima ley que le permite ejercer sus funciones como ente regulador.