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Aunque el Presidente Daniel Ortega lo ordenó desde enero pasado en el Decreto 2-2008, fue hasta ayer que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Educación (Mined) anunciaron la primera campaña educativa de uso eficiente de la energía en 322 colegios de 34 municipios del país.

El titular del MEM, Emilio Rappaccioli, dijo que se pretende fomentar en los estudiantes una cultura de ahorro de electricidad, lo que beneficiará al país en su factura energética y petrolera.

“Esa reducción del consumo bajo la matriz que actualmente tenemos de generación que es altamente dependiente de petróleo, va a bajar ese consumo (al hacer uso eficiente de la energía), y al bajar ese consumo va a bajar la demanda de energía eléctrica y se va a reducir la generación, y se va a reducir el consumo de petróleo que hoy por hoy tenemos para producir y satisfacer la demanda”, explicó Rappaccioli a estudiantes y maestros de secundaria en el Auditorio “Elena Arellano”, del Mined.

Dijo que imprimieron 50 mil ejemplares de una cartilla con información básica para profesores de primaria y secundaria, para que conozcan conceptos sobre la producción y cómo consumir la energía de forma eficiente, para después trasladar ese conocimiento a estudiantes de 322 colegios ubicados en diez departamentos del país.

El funcionario aseguró que el costo de la campaña es de 38 mil dólares, y que estos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Aunque en el Decreto Presidencial 2-2008 se precisa que a partir del 31 de enero todos los Ministerios del Estado, entes descentralizados y demás instituciones del Poder Ejecutivo “deben reducir su consumo de energía (electricidad y combustible) como mínimo en un 20 por ciento para cada rubro, en un plazo no mayor de tres meses”, lo cierto es que hasta la fecha no hay un informe que testifique que realmente hubo tal reducción.

El pasado 23 de octubre EL NUEVO DIARIO se comunicó con la divulgadora del MEM, María Antonieta Santos, para solicitarle información sobre cuál ha sido el impacto de la entrega de un millón 800 mil bombillos ahorrativos a los hogares nicaragüenses el año pasado; además, cuáles son las empresas e instituciones que estaban practicando auditorías energéticas para aplicar medidas de ahorro. Pero mientras explicábamos la solicitud suspendió la llamada telefónica y después no contestó.

A inicios del año pasado Rappaccioli prometió que la entrega de esas bujías donadas por Cuba permitiría ahorrar al país hasta sesenta megavatios. No obstante, ayer únicamente dijo que había tenido un impacto “significativo”, algo que a criterio del especialista en temas energéticos, Narciso Mayorga, “no existe una forma para medir dicho impacto”.

Las bujías ahorrativas fueron embodegadas en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, y fueron distribuidas por el Instituto Nicaragüense de Seguro Social, INSS, por lo que intentamos desde el pasado 23 de octubre conseguir un informe o una entrevista para conocer sobre su impacto, pero hasta ayer las autoridades de esas instancias no habían dado respuesta.

Mayorga, especialista independiente en gerencia de energía y comunicación gerencial, envió el primero de octubre pasado una carta a Rappaccioli solicitándole una explicación sobre qué ahorro ha implicado la reducción en el horario laboral en las oficinas del gobierno, el subsidio domiciliar y el uso eficiente de los aires acondicionados, y cuándo el MEM publicará el balance energético actualizado.

Agrega en su carta que tampoco se ha conocido las “políticas y lineamientos programáticos para implementar acciones encaminadas a hacer uso eficiente de la energía”, como por ejemplo resultados de auditorías energéticas, sincronización de los semáforos, entre otros.

Este martes, Rappaccioli sólo expuso que se estaban haciendo auditorías energéticas en algunas empresas, las cuales según él han reducido el consumo hasta en un 50 por ciento. También comentó que se han eliminado algunos reductores de velocidad en las vías. Sin embargo, no dijo cuáles son esas empresas y cómo ha impactado esa reducción en la estructura de generación eléctrica. Tampoco hizo referencia a los reductores.

Mayorga prometió que de no recibir una respuesta de parte del MEM, en esta primera semana de noviembre denunciará ante la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos “que me han violado el derecho de petición”, pues la información la solicitó basado en la Constitución Política y la Ley de Acceso a la Información Pública (número 621).