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Una señora y sus tres menores hijos fueron desalojados violentamente de la casa que habitaban en el barrio La Esperanza, en el kilómetro 35 de la carretera a Boaco, por un grupo de hombres dirigidos presuntamente por una funcionaria del Ministerio Público, quien se habría hecho pasar como juez para realizar la acción.

La víctima, la señora Martha Lorena Manzanares Téllez, relató que la noche del 27 de noviembre pasado, cuando se disponía a dar de cenar a sus menores hijas, llegó un camión con un grupo de hombres, quienes bajo la orden de una señora que se hizo pasar como juez, destruyeron camas, equipos de sonido y otros electrodomésticos que sacaron a la calle para permitir el ingreso a la vivienda de la señora Andrea del Carmen Valle Brizuela.

“Yo le pedí que me mostrara la orden de desalojo, pero ella me gritó que era la autoridad y estaba cumpliendo con su sentencia”, relató la perjudicada, quien aseguró que la presunta jueza nunca mostró identificación, ni la orden de desalojo firmada por algún judicial.

Antecedentes
Manzanares Téllez detalló que desde 2006 habita en una casa que adquirió su compañero de vida, Leonardo Pastor Manzanares Alaniz, propiedad que le fue adjudicada por la alcaldía municipal de Tipitapa.

A la muerte de su pareja, ella continuó habitando la casa ubicada frente al cementerio del barrio, pero a la vivienda se trasladó a vivir la señora Andrea del Carmen Valle Brizuela, quien alegó ser la dueña de la propiedad por haber mantenido una relación de pareja con el señor Manzanares Alaniz.

Actualmente hay un proceso judicial en los juzgados de Tipitapa que resolverá el tuyo y el mío en la vía civil, proceso del que según Manzanares Téllez, aún no ha sido notificado de nada y no existe sentencia alguna.

Detalló que tras la llegada de los hombres encabezados por la funcionaria del Ministerio Público y por la señora Andrea del Carmen Valle Brizuela, ella se encuentra sin techo y sin cama donde dormir, debido a que durante el desalojo los hombres que llevó Valle Brizuela le machetearon tres camas y sus sillas.

“Aparte que me dejó sin casa, me dejó durmiendo en el suelo junto con mis hijos, me dejó sin comida y sin ropa por el desastre que provocó”, relató la señora Manzanares Téllez.

Coludida con la Policía
Manzanares Téllez aseguró que durante el desalojo pidió ayuda a la Policía, pero ésta no llegó; luego se presentó el 28 de noviembre a interponer denuncia por los daños que le provocaron a sus pertenencias, y a pesar de que contó con el respaldo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, estuvo del timbo al tambo, porque ningún oficial quería recibir la denuncia.

“Fue una policía mujer la que al final aceptó recibir mi denuncia, pero me dijo que sólo la iba a recibir, pero que no se hacía responsable y no garantizaba que se investigara”.

Presenta queja en Fiscalía
La señora Manzanares Téllez presentó el pasado primero de diciembre ante la Inspectoría General del Ministerio Público, una queja contra la funcionaria que practicó el desalojo, “por abusar de sus funciones como servidores pública y conocedora de la Constitución Política y leyes de la República, al ingresar a mi casa y proceder a ejecutar un desalojo arbitrario e ilegal en mi contra y en perjuicio de los derechos de mis hijos”, señala la queja que fue recibida por la Inspectora Departamental, Shirly María Munguía.