Jorge Eduardo Arellano
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Profesores de las dos principales universidades estatales del país lanzaron el viernes un llamado al gobierno para que se instaure una moratoria a la actividad minera, al tiempo que advirtieron de riesgos ambientales por un proyecto de minería a cielo abierto al norte costarricense.

Los docentes, aglutinados en el grupo “Llamado Urgente por el País”, calificaron en rueda de prensa como negativa la operación de mina Las Crucitas, una explotación de oro de una subsidiaria de la canadiense Infinito Gold (antes Vannessa Ventures) y situada a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.

El geólogo Allan Astorga, especialista en evaluación ambiental y ex secretario de la Secretaria Técnica Ambiental (Setena), entidad que debe avalar todo proyecto desde el punto de vista del ambiente, aseguró que urge la declaratoria a nivel legal de una moratoria para ese tipo de explotación.

País no está preparado, señalan
“El país no está preparado para enfrentar este tipo de industria. Hay argumentos que justifican una moratoria, que además debería incluir los plazos para que el Estado pueda modernizar sus instrumentos de control y gestión, entre esas, leyes que regulen la actividad minera”, explicó.

Días atrás Pedro León, coordinador de “Iniciativa Paz Con la Naturaleza”, un programa del presidente Óscar Arias, firmó una recomendación para que se declare una nueva moratoria a la actividad minera.

El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, en declaraciones que publica el viernes el diario La Nación, dice que se trató sólo de una recomendación “para revisar toda la ley vigente antes de dar nuevas concesiones... De todas maneras, no está previsto dar nuevas concesiones”.

Está suspendido por orden judicial
El proyecto Crucitas está suspendido por orden judicial luego que ambientalistas presentaran una demanda por un decreto emitido por Arias, en el que declaró “de interés nacional” la iniciativa minera, y autorizó la tala de 168 árboles de almendro amarillo, protegidos por ley por ser hábitat de la lapa verde, un ave en peligro de extinción.

Para el biólogo Jorge Lobo, la discusión se ha enfocado en la lapa y en los almendros, pero destacó que los terrenos de la minera cuentan con un rico patrimonio biológico. “En esa zona existen al menos 25 especies de árboles amenazados, en peligro e incluso endémicos. Es una larga lista de árboles que tardan cientos de años en alcanzar el tamaño que tienen, que son cruciales para la fauna de la región y son irrecuperables”, apuntó.

El abogado y consultor ambiental, Álvaro Sagot, destacó que el decreto emitido por Arias no incluyó un análisis del costo-beneficio, y cuestionó el porqué las autoridades dan tantas facilidades a la empresa minera cuando el país se promueve como un defensor del ambiente.

“Es más digno que la empresa nos lleve a un arbitraje por cancelar la concesión... por dignidad no podemos como país soportar amenazas”, expresó.