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El sistema de salud pública local todavía tiene “barreras arquitectónicas” en más del 85 por ciento de sus hospitales, lo que impide una “segura circulación” a buena parte de las 650 mil personas que, según estimaciones oficiales, tienen alguna discapacidad en el país.

El secretario general del Minsa, Enrique Beteta, admite que dos o tres hospitales públicos de más de 20, son los que cuentan con “accesos” adecuados para ese segmento de población.

“Pero estamos viendo cómo resolvemos eso…”, subraya, dejando entrever que la infraestructura hospitalaria con la que cuenta el Minsa es de vieja data.

Es decir, que se diseñó en gobiernos anteriores, por lo tanto es algo heredado.

La vicepresidenta de la Federación de Mujeres con Discapacidades Diferentes (Femucadi), Carolina Torres, dice que ese es un pegón más para el sector pero insiste en que lo que en realidad resienten es el abandono de que son objeto en el interior del país.

Torres, que representa a unas 5 mil 600 discapacitadas, reitera que en los municipios la población con discapacidad no se atiende como se debe en las redes de salud pública. Ejemplifica, en ese contexto, que a la fecha es más fácil reunirse con el ministro de Salud, Guillermo González, que con los directores de los hospitales ubicados en las cabeceras departamentales y sus zonas aledañas.

Es decir, “a nivel central sentimos que hay coordinación con el sector y reconocemos el esfuerzo que hacen por nosotros, pero queremos que eso también sea efectivo en los municipios, en las regiones del país. De repente nos preguntamos: ¿Por qué es más fácil reunirse con el ministro que con un director de un centro hospitalario? ¿qué está pasando?”, se pregunta.

Optimistas con nuevo convenio
No obstante, Torres espera un mejor trato para la población descrita, con el convenio que firmaron ayer las asociaciones de personas con discapacidades diferentes y el Minsa. Con este acuerdo, según el secretario general de la entidad, Enrique Beteta, el Ministerio asegurará una atención especializada al sector. En otras palabras, exámenes como resonancias magnéticas, tomografías, y pruebas oncológicas, entre otros, estarán a disposición de ese segmento de población. “Queremos darle una atención especial”, reitera el funcionario.

William Hurtado, miembro de la Asociación Nicaragüense de Discapacitados con Limitaciones Fiscomotoras (Anidar), apunta que ellos están satisfechos con el convenio. “Nos viene a restituir nuestros derechos, algo por lo que hemos luchado en los últimos gobiernos, y sólo con éste (de Daniel Ortega) los estamos recuperando”, destaca. Mario José Jarquín, de la Organización de Ciegos de Nicaragua “Marisela Toledo”, coincide con Hurtado. “Por años hemos demandado prioridad, y hasta ahora la tendremos gracias al gobierno de reconciliación y unidad nacional”, añade optimista.

Pendiente
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Guillermo González, informó meses atrás que para 2011 habrán construido al menos 24 centros de rehabilitación especial para las personas con discapacidades diferentes.

Los discapacitados, aparte de los centros descritos, demandan al gobierno una reforma integral a la Ley 202 o Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, un sistema educativo inclusivo y oportunidad para obtener con facilidad prótesis.