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Los diputados ante la Asamblea Nacional deberían leer con “lupa” el Protocolo de Entendimiento que firmó el gobierno de Daniel Ortega con Unión Fenosa, pues, de ratificarlo sin revisar el contenido, deberán “cargar” con toda la culpa de los procesos que se deriven en contra de los usuarios y consumidores de energía eléctrica, y el erario de los nicaragüenses, advirtió el especialista independiente Narciso Mayorga.

Los acuerdos “positivos” contemplados en dicho documento, según Mayorga, no son nada nuevo, porque ya están establecidos en el Contrato de Concesión de la empresa, y más bien se debería votar a favor de que los cumplan a cabalidad. “Lo único nuevo es una serie de concesiones y prebendas (dinero) en contra del Estado y a favor de la distribuidora”, estimó el especialista independiente en Gerencia de Energía y Comunicación Gerencial.

Esa revisión profunda recomendada por Mayorga pasa por evaluar las declaraciones que diera hace pocos días el diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Economía la Asamblea, quien vendió la imagen, junto al Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, de que ratificar el Protocolo le daba “garantía a los nicaragüenses” de que Fenosa invertiría 33.7 millones de dólares en el mejoramiento de la red.

Recuerda que el artículo 76 de la Ley de la Industria Eléctrica (272) es claro en exigir un programa y cronograma de inversiones de parte de Fenosa, el que debe incluir fechas de inicio y de final de obras e instalaciones, “pero en Nicaragua Fenosa no lo ha presentado, ni tampoco se ha exigido esa inversión”, señaló.

Eso lo confirmó EL NUEVO DIARIO, pues el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no cuenta con ese documento, y mucho menos el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Los titulares y funcionarios de ambas entidades “reguladoras del sector energético” no cuentan con ningún plan enviado por Fenosa, no lo han exigido y tampoco pretenden hacerlo.

“Hay que exigir la inversión para mejorar la red de distribución. Hay que recordar que está en concesión, el dueño sigue siendo el Estado de Nicaragua”, precisó Mayorga, quien considera que si el compromiso de Fenosa es realizar la inversiones prometidas una vez ratificado el protocolo, entonces también hay que evaluar la resolución emitida el 21 de agosto de 2006 por la Contraloría General de la República (CGR), en donde se le declara nula la concesión por estos mismos incumplimientos.

¿Por qué se anula el trabajo hecho por esta institución (CGR) del Estado?, se pregunta Mayorga, quien estima que eso significa que Fenosa “continuará con un contrato que viola las leyes del país”, pues recordó que una vez ratificado el protocolo, se abolirá 16 resoluciones que ha emitido el INE a favor de los clientes de la empresa, entre ellas, las multas que se le han aplicado por diferentes deficiencias.

Mayorga, Consultor en Derecho de Energía, sugiere a los diputados analizar la conveniencia y consecuencias de la ratificación de este documento, debido a la importancia de valorar si, en algún momento, el INE debilitará sus obligaciones ante las distribuidoras, porque también el gobierno tendrá intereses en dichas empresas, ya que también se garantiza la “compra legal” del 16 por ciento de las acciones privadas a favor del Estado.

Además, recomienda a los diputados establecer negociaciones directas con los funcionarios de Gas Natural, que es la otra empresa española que adquirirá los bienes de Fenosa, pues “parece que Unión Fenosa ya hizo su negocio y ahora le prepara el terreno a Gas Natural para que haga el suyo, ya que por ningún lado aparecen acuerdos que deba cumplir Gas Natural”.

Además, apuntó que muchas de las deudas a las que se hace referencia entre empresas estatales con Fenosa y las distribuidoras eléctricas con las generadoras estatales, están desfasadas, debido a que “los usuarios ya cerramos la brecha de los desvíos tarifarios. Por lo tanto, la situación financiera de las distribuidoras, en relación con los usuarios están en una mejor posición (ahora)”.

Es decir, que en el Protocolo se contempla que el Estado le debe una millonada de dólares a Fenosa por los desajustes de dinero que provocaron en los últimos años los elevados precios internacionales del petróleo. Sin embargo, a partir de la próxima semana, Nicaragua no le deberá ni un centavo a Fenosa porque ya se le pagó todo, con el dinero que cobraron de más a todos los clientes cuando no bajaron la tarifa hasta donde debió reducirse.

Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, y David Castillo, titular del INE, coinciden en señalar que en la última semana de febrero esta deuda, conocida como “desvíos tarifarios”, se reduce a cero.

Otras de las sugerencias de Mayorga es que, lejos de reducir su incidencia, los diputados fortalezcan la vigilancia y efectividad del ente regulador, y también exijan el cumplimiento del contrato de concesión que se le otorgó a Fenosa, así como el cumplimiento de las leyes nicaragüenses. “De lo contrario, no se podrá mejorar el servicio de energía eléctrica”.

“No pueden permitir el estancamiento en la reducción de las pérdidas. No pueden permitir que el Estado no exija las debidas garantías de cumplimiento.

En situación sumamente débil estaban las distribuidoras al momento de privatizarse. No podemos dar pasos hacia atrás, hay que recordar que el Estado de Nicaragua sigue siendo dueño de la red de distribución”, finaliza Mayorga.

Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) iniciaron un monitoreo de la discusión de los diputados, para señalar con nombres y apellidos a todos aquellos que voten a favor de esta iniciativa, la que permite entregar varios millones de córdobas del presupuesto nacional a favor de Unión Fenosa.